Salarios en Córdoba: Llaryora reincide en el ajuste de docentes y estatales

El poder adquisitivo de salarios y jubilaciones atraviesa mínimos históricos en la provincia de Córdoba y en el país, no solo por las paritarias con topes por debajo de la inflación, sino también por el fenomenal incremento de los servicios, que continúa demoliendo los ingresos populares.

En ese sentido, con la eliminación de la denominada "Zona Fría", preparan un nuevo tarifazo de entre el 50% y el 100% en las boletas del gas en Córdoba. Además, la suba de la canasta familiar va en aumento como producto de la presión provocada por la suba de la nafta, lo que genera un efecto dominó sobre la economía, aun cuando el nivel de actividad se contrae.

El centro del problema del cuadro recesivo guarda estrecha relación con la liquidación de los salarios, uno de los ejes del plan de Milei-Caputo con el que el gobernador Martín Llaryora viene siendo uno de los principales colaboradores. De hecho, no dudó en reprimir docentes y perseguir estatales con tal de imponer una paritaria rechazada en los lugares de trabajo.

Párrafo aparte merece una burocracia sindical que apunta a desmontar las luchas desde adentro. En ese marco, docentes y judiciales llevaron adelante grandes batallas, marcando una perspectiva que, más temprano que tarde, el conjunto de la clase obrera está llamado a tomar frente a la ofensiva de las patronales y de quienes gobiernan.

Una política en sintonía con el ajuste nacional: Llaryora es Milei

El gobernador Martín Llaryora y su ministro de Economía, Guillermo Acosta, monitorean el escenario fiscal con la premisa de profundizar el ajuste sobre los trabajadores públicos. Según Comercio y Justicia, tras las reuniones con la burocracia del Sindicato de Empleados Públicos (SEP) y la Unión de Personal Superior (UPS), el Ejecutivo provincial ratificó, a través de su negociador David Consalvi, que no habrá recomposición salarial ni mejoras reales.

Como la recaudación cae a consecuencia del cuadro recesivo, la intención oficial es modificar los criterios paritarios e imponer incrementos inflacionarios con dos meses de retraso, replicando la pauta aplicada por el Gobierno nacional. El desconocimiento de acuerdos salariales no es nuevo: cabe recordar que el actual gobernador no cumplió una paritaria docente firmada en 2023. Esto ocurre cuando sobran las pruebas del apoyo del peronismo provincial a la política económica de Javier Milei.

Ahora, con el desastre a la vista, cabe resaltar que, a la par de la licuación de haberes, Llaryora congela la aplicación de la reducción de la alícuota de aportes a la Caja de Jubilaciones (del 8% al 6%), prevista tras los fallos del Tribunal Superior de Justicia (TSJ). Argumentando un déficit fiscal y una caída del 18% en la recaudación provincial, el Gobierno descarga sobre magistrados, bancarios, docentes, judiciales, empleados de Luz y Fuerza y del Suoem el costo del rojo previsional y la falta de giros de la Anses.

Docentes e ingresos por debajo de la línea de pobreza

La situación de la docencia expresa la gravedad del cuadro de liquidación salarial. En ese sentido, Franco Boczkowski, secretario general de UEPC Capital, expuso: “El salario básico docente ronda los $262 mil, una cifra que nos coloca directamente en la indigencia. El salario inicial, de aproximadamente $1.300.000, se encuentra un tercio por debajo de la línea de pobreza: necesitamos un aumento del 29,3% apenas para alcanzar ese umbral”.

Incluso entre los trabajadores de mayor trayectoria, la pérdida de poder adquisitivo es absoluta: “Después de 30 años de antigüedad, un docente percibe alrededor de $1.700.000, un ingreso que todavía nos mantiene por debajo de la línea de pobreza. Y al momento de jubilarnos, recibimos cerca de la mitad de lo que cobrábamos como trabajadores activos, después de haber realizado durante décadas aportes extraordinarios. Volvemos a quedar expuestos a la pobreza, la miseria y la indigencia”, remarcó Boczkowski.

Un retroceso histórico de los ingresos en la provincia

El ataque salarial en el sector público se da en un marco de caída generalizada de las remuneraciones en Córdoba. Relevamientos privados confirman que el salario promedio registrado en la provincia ha perdido un 25% de su poder de compra respecto a 2017. La brecha de ingresos equivale a una pérdida real de $687.000 mensuales por trabajador, situación que paraliza el consumo masivo y empuja a las familias al endeudamiento para cubrir gastos corrientes.

Con los salarios por el piso, Llaryora, al estilo de Milei, dice "no hay plata", mientras otorga subsidios millonarios a las patronales del campo y establece todo tipo de beneficios para los intereses capitalistas que dominan la provincia. Mientras tanto, el campo no derrama y las patronales de la industria se benefician de una reforma laboral que no aumentó la demanda de empleo.

El fracaso del plan económico en curso es total, no solo porque la inflación aumenta por encima de los salarios, sino también por el agotamiento del crédito y el incremento de la morosidad. En este cuadro, donde hay una necesidad Llaryora ve un negocio; por eso lanzó un supuesto programa de desendeudamiento que, bien visto, es la continuidad de la usura y de los bajos salarios.

En este punto, una audiencia pública a iniciativa de Cintia Frencia en rechazo a la usura de bancos y billeteras virtuales coincidió en salir a las calles, no solo en rechazo a los especuladores, sino fundamentalmente por una efectiva recomposición salarial.
En esa línea, la UEPC Capital realizó un plenario para preparar la lucha por un aumento salarial de emergencia y votó una serie de actividades, entre ellas volanteadas en el Estadio Kempes en el marco de la convocatoria del partido Argentina-Bolivia. Lo hará para denunciar el ajuste educativo de Martín Llaryora y sumar apoyo al reclamo de un aumento salarial de emergencia para la docencia.

Además, el próximo 2 habrá una radio abierta de no docentes, docentes universitarios e investigadores por una efectiva recomposición salarial, como paso preparatorio de la Marcha Federal Universitaria que se llevará adelante el próximo 15 de octubre.

Como se ve, existen puntos de apoyo desde donde unificar las luchas en la perspectiva de construir un plan de lucha por la huelga general para derrotar la ofensiva de las patronales y sus gobiernos.