Finalmente, el Concejo Deliberante declaró al edificio de la Junín de “utilidad pública” y sujeto a expropiación, entregándolo en comodato a los trabajadores de la Cooperativa Junín.

 

Es la primera vez que en Córdoba sale la “expropiación” para una empresa recuperada. En otros casos más notorios, como Pauny (ex Zanello) y Comercio y Justicia, los trabajadores compraron la quiebra.

 

La ordenanza municipal obliga a los trabajadores a comprar el edificio en dos años (algo prácticamente imposible, el edificio tiene un valor de dos millones de pesos); también obliga a la Junín a pagar una especie de alquiler al municipio, que extraoficialmente se promete que será simbólico. Es decir, la resolución del Concejo sigue el modelo aplicado por Ibarra en la Capital. El objetivo es obligar a los trabajadores a asociarse con empresarios y capitalistas que provean el flujo comercial y el crédito para la empresa recuperada.

 

El debate en el Concejo fue hasta ilustrativo. La mayoría coincidió con los argumentos de la UCR –cuyos dos ediles, sin embargo, votaron en contra– de que esto sentaba un precedente y “ahora vendrían todos con las mismas exigencias”; y de que el Estado municipal se vería obligado a sostener económicamente el emprendimiento. La bancada juecista (mayoría absoluta) se encargó de remarcar una y otra vez que ahora les correspondía a los trabajadores conseguir sus propios fondos y que el municipio no pondría un peso; en el mismo sentido intervino la concejala del Partido Socialista, quien previamente había reprochado a los trabajadores y a la izquierda (?) por no guardar un estricto silencio durante la fundamentación de la concejala Becerra, de la UCR, en contra del proyecto.

 

Para los trabajadores de la Junín se prepara ahora (alejado el fantasma inmediato del desalojo) la lucha por la expropiación definitiva del edificio.