Un proyecto reaccionario

El Senado provincial dio media sanción al proyecto de ley de “Protección integral de violencia”. Nuestra senadora, Gabriela Cerrano, fue la única voz que lo denunció como un retroceso.

El proyecto compila tres leyes con media sanción de Diputados, añadiendo un tinte conservador, e intenta establecerse como un tratado sobre violencia en general. Es lo contrario de lo que aconsejan los especialistas, quienes plantean tratar puntualmente la violencia de género y que se cuente con un procedimiento de aplicación local de la Ley 26.485 -de Protección integral de la violencia de género.

La aprobación de este proyecto implica la derogación de la Ley 7.403 de Protección de víctimas de violencia intrafamiliar, aprobada en 2005, luego del asesinato de Rosana Alderete y dos de sus tres hijos por parte de su pareja.

También elimina la sanción de incumplimiento del deber del funcionario público a los policías que no tomen denuncias de víctimas de violencia, aunque sí la establece para los docentes que no denuncien esos casos dentro de las 72 horas.

Las denuncias hechas por terceros deberán ser ratificadas por la víctima, en caso de que ésta sea mayor de edad. Se olvida así que existen realidades que imposibilitan a una víctima de violencia realizar la denuncia por sí misma (como discapacidades, ciertas condiciones físicas o psíquicas y otras situaciones sociales y culturales).

Otro aspecto negativo es que se modifica el artículo 7 de la Ley 7.403 sobre las medidas precautorias que el juez puede tomar ante una denuncia de violencia: cuota alimentaria provisoria, tenencia y derecho de comunicación con los integrantes del grupo familiar. El proyecto de ley, por el contrario, excluye al golpeador, pero no asegura la cuota alimentaria, lo que dejará a los niños desamparados y a las mujeres pobres sin otro remedio que reabrir la puerta de la casa al golpeador.

La “ley integral” no crea, por otra parte, los procedimientos para todos los casos de violencia que sufre una mujer a diario, como la violencia laboral, institucional, obstétrica, etcétera. En síntesis, sólo se ocupan de una de las modalidades de la violencia de género: la doméstica.

El proyecto define a la violencia social como algo ajeno al Estado y sólo apunta a la responsabilidad de las personas.
Aunque se hable de promover la igualdad de género y de combatir la violencia sexista, no hay ni una sola palabra sobre la educación sexual científica y laica, ausente en todas nuestras escuelas.

La semana pasada, el proyecto pasó por la Cámara de Diputados, que resolvió insistir para que el Senado se pronuncie por los tres proyectos originales. Se inicia un “ping-pong” entre las cámaras, mientras la situación de las mujeres empeora a diario. En Salta, la situación de las mujeres es alarmante: en lo que va del año ya hay más de 7.000 denuncias por violencia. Desde 2010 hubo en promedio de 15.000 por año y 74 fueron asesinadas.

Reclamamos que se abra un amplio proceso de debate, ausente hasta ahora, con las distintas organizaciones de mujeres, de derechos humanos y con la población en general. La Mesa laica de lucha por las reivindicaciones de la mujer, conformada a raíz del ENM a realizarse en octubre en Salta, pedirá ser recibida por el Senado para acercar su posición.

Gabriela Jorge