El sábado 2 de marzo, cerca de cien trabajadores del Programa Comunitario de Empleo, que realizan la limpieza y mantenimiento de las escuelas públicas de toda la provincia, votaron la organización de un movimiento de alcance provincial y un plan de lucha. El objetivo es imponer el pase a planta, a un gobierno que cada vez transfiere a los municipios más servicios que son responsabilidad del Estado provincial.

El método de tercerizar con los intendentes comenzó con el decreto 472, que descentralizó el manejo de los fondos destinados a asistencialismo en febrero de 2010, para "eliminar los intermediarios y terminar con el clientelismo", aumentando así las cajas de los viejos regímenes comunales descompuestos. La mayoría de ellos ya venían en su tercer o cuarto mandato, gobernando en los doce años de Romero.

Con este reforzamiento del viejo aparato del PJ, Urtubey dio un giro respecto de la impostura con la que se había presentado en 2007, metiendo en su gobierno hasta elementos de Barrios de Pie, siguiendo los pasos del kirchnerismo con el que se presentó. Luego siguió, en el mismo año, con el decreto 1468, de descentralización del servicio de maestranza de las escuelas, cambiando definitivamente el modo con el que ingresan en las escuelas los trabajadores de mantenimiento y limpieza e incluso cubriendo cargos de preceptores, administrativos y bibliotecarios.

En una versión similar, actualmente realiza el mantenimiento de las rutas provinciales, tercerizando con los intendentes los servicios de Vialidad Provincial, con trabajadores de 1.200 pesos. A esto se suma que la mayor cantidad de tareas propias de los servicios públicos municipales, son realizadas por contratados, planilleros y planes sociales que limpian las calles, recogen la basura, hacen obras públicas menores y refaccionan y desmalezan las escuelas por salarios que van de 250 pesos en adelante, en un amplio espectro que depende del nivel de corruptela y de la capacidad de cada intendente para disciplinar a la clase obrera local.

La novedad ahora es que Urtubey ha decidido avanzar con la transferencia del mantenimiento los más de 400 puestos sanitarios y centros de salud de la provincia, a las intendencias. Seguramente se valdrá de los mismos planes basura que se aplican en educación. Sin embargo, los trabajadores de maestranza de las escuelas han comenzado a organizarse. Cerca de cien compañeros, en muchos casos delegados de sus escuelas y pueblos, se reunieron el sábado 2 de marzo y votaron un paro con movilización a la Casa de Gobierno para el próximo 26.

La asamblea sesionó como una verdadera asamblea de trabajadores, votando incluso organizarse en cada pueblo con delegados por escuela y delegados departamentales. Sin duda hay un viraje del sector más vulnerable de la educación (ganan 915 pesos por mes, por realizar las mismas tareas del trabajador de planta; cuyos cargos, en la medida que se van jubilando, no son cubiertos por estos compañeros). Esta vulnerabilidad, basada en una relación de dependencia a través de un plan social provincial, sin obra social, jubilación, salario familiar ni ART, le permite a la provincia ahorrarse alrededor de 110 millones de pesos anuales y tener 2.300 trabajadores sometidos por su precariedad laboral.

En el marco de un viraje más general de la clase obrera del país, ha comenzado en Salta la lucha contra el trabajo en negro del Estado.