La Municipalidad de San Rafael otorgó un aumento del 10% a los empleados municipales. Al mismo tiempo que los funcionarios locales anuncian con bombos y platillos que nuevamente el departamento sureño de Mendoza acabaría teniendo un superávit fiscal, con una recaudación en tasas municipales de 450 millones de pesos, se firma una paritaria municipal por debajo de la línea de la indigencia.

El Ejecutivo departamental otorgó un aumento que comenzaría pagarse el presente mes de febrero, con una actualización del 10% de sus haberes más $1.000 pesos de incremento en la ayuda alimentaria de $2.400 en negro, y el bono Covid de un máximo de $1.500 también en negro -que se paga desde que empezó la pandemia.

Un trabajador categoría A -la más baja del escalafón de empleados municipales- que se encontraba cobrando una base de $9.400, pasará a cobrar un salario inicial de $10.300 en blanco, que sumado a las otras sumas dan un salario de $15.200. Una suma que coloca a los trabajadores por debajo de la línea de la indigencia, ubicada por el Indec en torno a los $23.000.

Es una nueva paritaria de ajuste decretada por el gobierno de Emir Félix, que está en sintonía con la política del gobernador radical Rodolfo Suárez, quien ejecutó una política de ajuste parecida con paritarias a la baja para todos los sectores. De hecho, la actualización salarial otorgada a sus trabajadores por el gobierno peronista del sur es incluso inferior a la establecida por el Ejecutivo provincial a los estatales. Queda claro que la oposición aquí es solo es un discurso, y a la hora de ajustar no se encuentran tan diferentes.

Estas medidas de ajuste no podrían haberse realizado sin la complicidad siempre presente de la burocracia sindical del gremio municipal, que sistemáticamente entrega los salarios y las condiciones de trabajo de los empleados municipales.

La única forma de sortear el complot antiobrero que se ha gestado en San Rafael es a través de la organización independiente de los trabajadores municipales para luchar por salarios que equiparen a la canasta familiar, por el pase a planta de todos los contratados, el blanqueo de todos los ítems del salario y la defensa de las condiciones de trabajo de quienes sostienen el municipio a pesar de sus gobernantes.