Sindicales
18/7/2026
Santa Cruz: 54 días de paro docente, conquistas arrancadas y una lucha que continúa
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Luego de 54 días de paro durante el primer semestre, el Congreso Provincial de Adosac resolvió por mayoría aceptar “a cuenta” la propuesta presentada por el gobierno de Claudio Vidal.
La oferta establece un incremento acumulativo del 17,8%, distribuido en un 3% correspondiente a junio, un 10% en julio y aumentos del 1% mensual entre agosto y noviembre que alcanza a trabajadores en ejercicio y jubilados/as. También contempla la devolución de los descuentos por días de paro en dos tramos, con los salarios de agosto y octubre. El acta establece, además, la reapertura de la paritaria durante la segunda quincena de octubre.
El aumento es insuficiente. No recupera la pérdida salarial acumulada ni permite alcanzar la canasta básica patagónica. Pero tampoco sería correcto afirmar que después de 54 días de huelga no se consiguió nada. La lucha obligó al gobierno a abrir una paritaria que se negó a convocar durante meses, arrancó la devolución de los descuentos, sostuvo puestos de trabajo amenazados y dejó abierta una nueva discusión salarial para el segundo semestre.
La aceptación “a cuenta” expresa esa contradicción: cobrar lo conquistado sin presentar la propuesta como suficiente ni dar por cerrados los reclamos. El conflicto terminó una etapa, pero la pelea por el salario, la estabilidad laboral y la educación pública continúa.
Una lucha sostenida desde las escuelas
Durante el conflicto se realizaron asambleas en todas las filiales y 17 congresos provinciales. Allí la docencia discutió cada propuesta, evaluó la relación de fuerzas y decidió colectivamente los pasos a seguir. Esta democracia sindical fue uno de los pilares que permitió sostener un conflicto tan largo.
Los paros tuvieron adhesiones que en distintos momentos superaron el 80%. Incluso en la etapa final, cuando los descuentos y el desgaste económico golpeaban con mayor fuerza, se mantuvieron niveles de adhesión de entre el 45 y el 50%. No fueron medidas aisladas: se realizaron paros de 24, 48, 72 y 96 horas, movilizaciones provinciales, marchas de antorchas, acampes, permanencias frente a organismos públicos, acciones en las rutas y actividades en cada localidad, en conjunto con el Frente Sindical.
Durante 54 días, miles de docentes sostuvieron la huelga a pesar de salarios que ya venían deteriorados, de la presión del CPE (Consejo Provincial de Educación) y de una campaña oficial que buscó responsabilizar al gremio por la pérdida de clases. Cada jornada de paro significó un esfuerzo concreto para familias que viven de su salario. Por eso, la extensión del conflicto demuestra una enorme voluntad de lucha y una profunda comprensión de que el problema no era individual, sino colectivo.
Adosac tampoco actuó de manera automática ni rechazó toda instancia de negociación. En febrero suspendió una medida provincial para favorecer el diálogo y, a fines de mayo, abrió una nueva tregua para que el Ejecutivo convocara a paritarias. Pero cada vez que el gobierno respondió con dilaciones, descuentos o propuestas insuficientes, las asambleas y los congresos retomaron las medidas.
La docencia mostró que se puede combinar firmeza con discusión democrática, y medidas de fuerza con decisiones tácticas destinadas a abrir una salida favorable. Esa organización desde abajo es una conquista que queda para las próximas luchas.
Los descuentos no quebraron la huelga
El gobierno de Claudio Vidal apostó a quebrar el conflicto mediante descuentos masivos. En algunos casos, compañeros y compañeras quedaron con una parte mínima del salario o prácticamente sin ingresos. No se trató de una medida administrativa neutral: fue una política destinada a castigar el ejercicio del derecho de huelga, sembrar miedo y enfrentar a quienes podían sostener las medidas con quienes ya no podían hacerlo.
Frente a esta ofensiva, la respuesta no fue dejar a cada docente librado a su suerte. Las filiales y la organización gremial impulsaron ayudas económicas, bolsones de alimentos, ferias y distintas formas de acompañamiento para quienes habían sido más golpeados por los descuentos.
Estas acciones no reemplazaron el reclamo por la devolución total de lo descontado, pero permitieron resistir el intento de disciplinamiento. Mostraron que el sindicato no es solamente una estructura que convoca paros: es una herramienta de defensa colectiva que debe estar presente cuando el gobierno intenta quebrar económicamente a los trabajadores.
Finalmente, la devolución de los días descontados ingresó en la negociación y quedó incluida en el acuerdo en dos cuotas. No es la devolución inmediata que reclamábamos y será necesario controlar que se liquide de manera completa y correcta. Pero tampoco fue una concesión voluntaria de Vidal: fue arrancada por la huelga y por la decisión de no naturalizar el castigo salarial.
Vidal apostó al desgaste y a la criminalización
El gobierno demoró durante meses la apertura de la paritaria para el sector estatal y buscó transformar el reclamo salarial en un problema policial y judicial. A los descuentos se sumaron amenazas de judicialización, persecución a dirigentes y la detención de trabajadores de ATE luego de una protesta en Las Heras.
Al mismo tiempo, el Ejecutivo intentó responsabilizar a la docencia por la pérdida de clases. Sin embargo, fue el propio gobierno provincial que dejó transcurrir casi todo el primer semestre sin presentar una propuesta seria. También hubo escuelas sin actividad normal por problemas edilicios, falta de mantenimiento y condiciones que dependen directamente del Consejo Provincial de Educación.
Vidal pretendió condicionar los aumentos salariales a la aprobación de un empréstito por hasta 600 millones de dólares. El Frente Sindical rechazó que la provincia se endeudara para pagar gastos corrientes y que los trabajadores quedaran como rehenes de una operación financiera. Finalmente, sin aprobarse ese endeudamiento, el gobierno obtuvo un adelanto de coparticipación nacional y aparecieron recursos que antes decía no tener. Pero ese auxilio no fue gratuito: expresó el alineamiento y la entrega política de Vidal al gobierno nacional de Milei, responsable del ajuste, el ataque a los salarios, las jubilaciones y la educación pública.
La lucha desarmó así el argumento de que no existía ninguna alternativa. Había recursos y herramientas financieras; lo que faltaba era la decisión política de priorizar los salarios y la vida de los trabajadores.
La lucha también defendió los puestos de trabajo
El conflicto no fue solamente salarial. Desde el comienzo del ciclo lectivo, la modificación de las plantas funcionales, la caída de matrícula y el cierre de cursos amenazaban con dejar sin cargos ni horas a numerosos docentes. La presión gremial consiguió primero sostener los puestos mediante resguardos que fueron renovándose mes a mes. Estas prórrogas evitaron que la aprobación de nuevas plantas funcionales se tradujera de manera inmediata en cesantías o pérdida de salarios.
Adosac no se limitó a reclamar que esos resguardos continuaran indefinidamente. Planteó que los puestos debían transformarse en cargos reales, incorporados a las plantas funcionales para atender necesidades concretas del sistema educativo.
En la última paritaria se logró extender la continuidad de los resguardos durante todo el ciclo lectivo 2027. También se incorporó el compromiso de avanzar progresivamente en la creación de cargos de preceptoras únicas para las salas de 4 y 5 años del Nivel Inicial y de parejas pedagógicas para primer grado de Primaria.
Estos cargos todavía deben traducirse en resoluciones, presupuesto, incorporación efectiva a las plantas funcionales y designaciones. Por eso, el cumplimiento de este punto deberá ser controlado por Adosac y por los trabajadores de cada nivel.
El avance es concreto: se pasó de la amenaza de despidos y renovaciones mensuales a una continuidad garantizada para 2027 y a la posibilidad de transformar puestos resguardados en cargos necesarios para fortalecer las trayectorias educativas. La lucha unió la defensa del trabajo docente con el reclamo por mejores condiciones de enseñanza.
Un Frente Sindical que modificó la relación de fuerzas
Otro de los principales resultados fue la conformación de un Frente Sindical entre Adosac, ATE, Viales, Judiciales, Apoc (gremio de los organismos de control) y otros gremios estatales. Los plenarios, acampes, movilizaciones y acciones comunes permitieron superar la fragmentación y mostrar que el problema no era solamente docente.
En Río Gallegos se sostuvo un acampe de varios días frente al Ministerio de Economía y se realizaron movilizaciones que reunieron a más de mil trabajadores. En Caleta Olivia y otras localidades se organizaron vigilias, volanteadas y acciones en rutas junto a otros gremios y organizaciones.
Esta unidad fue decisiva para obligar al gobierno a abrir negociaciones y abandonar el argumento de que no podía discutir salarios sin un nuevo endeudamiento. También permitió responder colectivamente frente a las detenciones, descuentos y amenazas.
Tomar a cuenta por parte de Adosac no significa que el conflicto estatal haya terminado. Apoc, Viales y Judiciales mantienen reclamos y negociaciones abiertas. La docencia debe apoyar esas luchas, participar de sus convocatorias y evitar que el Gobierno desgaste a cada sector por separado.
Un acuerdo insuficiente no convierte la lucha en una derrota
Desde Tribuna Docente sostenemos que el 17,8% acumulativo no resuelve el problema salarial. La docencia continuará por debajo de la canasta básica, sin una cláusula gatillo permanente y sin recuperar todo lo perdido durante el primer semestre.
La aceptación fue una decisión democrática de la mayoría del Congreso Provincial y debe ser respetada. Pero respetar esa resolución no significa presentar como suficiente una oferta que no lo es. Nuestra caracterización se mantiene: el acuerdo es parcial y el pliego de reivindicaciones sigue abierto.
Al mismo tiempo, tampoco corresponde definir el conflicto como una derrota. El gobierno no logró quebrar a Adosac, despedir a los docentes resguardados ni cerrar unilateralmente la discusión salarial. Se consiguió abrir la paritaria, mejorar las primeras ofertas, incorporar la devolución de los descuentos, garantizar puestos durante 2027 y fijar una nueva negociación para octubre.
Nada de esto estaba asegurado en enero. Fue conquistado por los paros, las movilizaciones, el acampe, las acciones de las filiales, la resistencia a los descuentos y la solidaridad organizada con los compañeros más afectados.
La aceptación “a cuenta” permite cobrar lo arrancado sin abandonar los reclamos pendientes. No fue una victoria completa, pero tampoco una lucha inútil. Fue una experiencia histórica que dejó conquistas, organización y mejores condiciones para la pelea que viene.
Esta es la salida: organización y unidad
La principal conclusión de estos 54 días es que vale la pena luchar. Sin los paros y las movilizaciones no habría existido ninguna oferta salarial. Sin la resistencia a los descuentos, el gobierno habría conseguido disciplinar a la docencia. Sin las ayudas, los bolsones, las ferias y la organización de las filiales y la provincial, muchos compañeros habrían tenido que enfrentar solos el castigo económico.
La salida no está en esperar que el gobierno reconozca voluntariamente nuestros derechos ni en que cada trabajador intente resolver individualmente una crisis que afecta a todo el sector. La salida está en fortalecer el sindicato, sostener las asambleas, organizar la solidaridad y unir nuestras luchas con las del conjunto de los estatales.
También debemos sacar conclusiones sobre la necesidad de organizar cada escuela. La fortaleza de Adosac depende de delegados, activistas y compañeros capaces de explicar los reclamos, organizar asambleas, responder a las campañas difamatorias del Gobierno y construir apoyo en la comunidad.
Esta experiencia mostró que cuando el Gobierno golpea a uno, la respuesta debe ser de todos. La organización colectiva fue la que permitió sostener 54 días de medidas de fuerza, defender puestos de trabajo y obligar a Vidal a negociar. Esa es la salida que debemos profundizar.
Preparar el segundo round de octubre
La reapertura de la paritaria en la segunda quincena de octubre no puede encontrarnos esperando pasivamente una nueva propuesta del ejecutivo. El segundo round debe prepararse desde ahora.
Es necesario volver a debatir en cada escuela, fortalecer las asambleas de filial y construir un mandato por una recomposición real, una cláusula gatillo permanente y un salario por encima de la canasta básica patagónica.
También debemos controlar el cumplimiento de cada punto firmado: la liquidación de los porcentajes, la devolución completa de los descuentos, la continuidad de los resguardos y la creación efectiva de cargos en Inicial y Primaria.
La preparación de octubre debe hacerse junto con los gremios. Tenemos conquistas que defender y reclamos por los cuales continuar. Estos 54 días demostraron que cuando la docencia se organiza, sostiene las medidas, ayuda a quienes son castigados y se une al conjunto de los trabajadores, puede arrancarle conquistas a un gobierno ajustador.
Vale la pena luchar. Esta es la salida. En octubre tenemos un segundo round y nos preparamos para eso.

