La compañía minera Newmont, operadora del yacimiento de Cerro Negro, rescindió –alegando una supuesta violación de las normas de seguridad- el convenio con la subcontratista Burgwardt, dejando 50 trabajadores despedidos. Esto se suma a los 78 despidos de trabajadores fuera de convenio llevados adelante por la multinacional (una de las principales explotadoras de oro del mundo) a fines de 2019.

Los nuevos despidos han desatado movilizaciones en la localidad de Perito Moreno y el llamado a medidas de fuerza por parte de Aoma (sindicato minero) en el yacimiento.

Frente a la delicada situación que afrontan los trabajadores mineros, el gobierno de Alicia Kirchner se ha llamado al más cómplice de los silencios.

Mucho hemos oído hablar sobre las supuestas bondades de la minería y los recursos que esta nos brindaría. Sin embargo, Santa Cruz es una provincia que llevó a los trabajadores estatales a perder entre el 60 y 65% de su poder adquisitivo, donde la obra social de la provincia está cortada por falta de pago, donde la salud y la educación están literalmente en caída libre. Las mineras extrajeron el equivalente a seis presupuestos provinciales en los últimos 4 años y aportaron menos de un 3% en concepto de regalías, es decir 0.18 del total de los 6 presupuestos. A la par, castigan a la provincia con un enorme daño ambiental.

Newmont despide mientras se ve favorecida por el crecimiento de los precios del oro, con la onza trepando a 1556 dólares y una expectativa de tocar los 2000 dólares durante el 2020 (Perfil Industrial, 18/10/19). Estos despidos amenazan con extenderse al resto de los yacimientos.

Llamamos a rodear de solidaridad la lucha de los trabajadores mineros del yacimiento Cerro Negro y reclamamos a la CGT y CTA un congreso provincial de delegados de base con mandato para defender los puestos de trabajo y el salario de todos los trabajadores.