Hoy se cumple el cuarto día de paro general en las centrales Atucha 1 y 2 como consecuencia del despido de casi 250 trabajadores de la empresa Nucleoeléctrica S.A. (operadora estatal de las centrales nucleares), que el gobierno realizó violando el convenio colectivo de trabajo.

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El dato no es menor si se tiene en cuenta que por ser centrales nucleares, que operan bajo un estricto protocolo de seguridad, cuentan con siete días hábiles para operar a potencia en presencia de un conflicto gremial extendido, luego de los cuales ambas plantas deberán ser paradas. El apagado simultáneo de ambos reactores (algo inédito en la historia) implicaría restar de la red 1106 Mw eléctricos (casi el 5% del total consumido en el país), que deberán ser compensados mediante la producción de centrales con mayores costos o mediante la importación (todavía más caro).

Es curioso que mientras el gobierno les dicta conciliación obligatoria ilegal a los docentes, en este caso ha tomado otro camino. Ocurre que en la última reunión en el Ministerio de Trabajo la parte patronal pateó la pelota para adelante, esquivando la conciliación cuando el gremio reclamó que sea con los despedidos adentro y la empresa se negó, como ocurrió en el conflicto del INTI. Es que los despidos no terminan con estos 250 compañeros y por ello el gobierno está orientando el conflicto a una guerra prolongada contra los trabajadores, en la idea de que derrotarlos mediante el desgaste y el aislamiento.

A fondo

Tan empeñado está el gobierno en el vaciamiento de Nucleoeléctrica y del sector nuclear que para ello no escatima recursos; sin ir más lejos, ha destinado una partida especial de 500 millones de pesos para solventar las indemnizaciones. Con ese dinero se podrían haber comprado los repuestos que necesitan las centrales Atucha, o invertirlo en terminar la extensión de vida de la central Embalse (proyecto cuyo financiamiento, por el contrario, están estrangulando).

En cambio, el gobierno se encuentra dispuesto a reemplazar un Mw eléctrico de generación nuclear barato por un Mw caro de generación por quemado de fuel oil o gas (a Nucleoeléctrica le pagan u$d 56 el Mw, mientras el precio promedio de una generadora térmica es de u$d 75, y ni hablar de si se tiene que importar, mucho más costoso), con tal de enfrentar la resistencia de los trabajadores a los despidos. En el marco del reciente aumento del 30% en las tarifas (que se suma a los anteriores), este nuevo gasto será trasladado al bolsillo del pueblo.

Una salida de los trabajadores

El vaciamiento del sector nuclear, que obedece a los negocios de la camarilla macrista, embarcada en licitaciones truchas y negocios millonarios para sus amigos petroleros, debe ser enfrentado por el conjunto de los trabajadores. Para ello es necesario apoyar la lucha de los trabajadores de Nucleoeléctrica, rodearla de solidaridad, unirla a la de los trabajadores de la PIAP, de EPEC, de EDESUR y EDENOR, sostener esa lucha mediante asambleas que ratifiquen el paro y el plan de lucha hasta reincorporar a todos los despedidos. 

Más que nunca es necesario un plan de lucha nacional de los trabajadores de Luz y Fuerza, que se discuta en las seccionales de todo el país, confluyendo en una asamblea general del gremio, para derrotar la ofensiva de un pequeño grupo de criminales que busca terminar de destruir el sistema eléctrico en pos de sus negocios, y sumar este reclamo a un nuevo paro de la CGT de 36 horas.

Desde el Partido Obrero también ratificamos lo expuesto en el programa del encuentro combativo de Lanús: no hay solución al problema de la energía en el país que no pase por la nacionalización de los recursos naturales y energéticos, su control por parte de los trabajadores para ponerlos al servicio de las mayorías laboriosas.