Con la presencia de ex trabajadores de Gas del Estado de Mendoza, Neuquén, Buenos Aires, Capital Federal, Bahía Blanca, y con la adhesión de compañeros de Salta, Tucumán y Santiago del Estero,el 30 de julio pasado se fundó, en el Congreso Nacional,la Coordinadora Nacional de los ex trabajadores, cesanteados por las distintas variantes implementadas en el curso de la privatización de la empresa.

Convocados por la bancada del Frente de Izquierda-Partido Obrero y por ex trabajadores de YPF organizados en su propia coordinadora, los compañeros de Gas debatieron sobre el proceso de privatización y el resarcimiento que se les adeuda por la propiedad participada. Esta asamblea fue precedida por reuniones con la banca del PO-Frente de Izquierda en Salta, Mendoza y Buenos Aires, de compañeros de Gas integrados a la coordinadora de ex ypefianos.

La privatización de Gas del Estado fue un hecho delictivo, votada en el Congreso Nacional con un falso quórum, facilitado con la presencia de asesores de diputados del PJ que simularon ser legisladores: los diputruchos. El desarme de la organización y la lucha de los trabajadores, que efectuó la burocracia del sindicato del gas, fue el paso previo en ese camino.

Gas del Estado, que se ocupaba del transporte, tratamiento y distribución del gas natural y licuado, fue desguazada y dividida en once empresas regionales, en beneficio de multinacionales (British Gas, Total) asociadas con grupos financieros locales (Pérez Companc, Techint, Macri, etc.).

Para ello se organizó un proceso previo de eliminación de personal, que llegó a 11.000 trabajadores.

La inclusión de los trabajadores en el Programa de Propiedad Participada (PPP) que fue, como se dijo en la reunión, “el queso” para hacer pasar la privatización y el desguace, no fue cumplida. En los pocos casos en los que las privatizadas se sometieron a la ley de PPP, luego les compraron las acciones a los trabajadores a bajísimos precios, establecidos monopólicamente.

La reciente lucha de los ex trabajadores de YPF y su Coordinadora Nacional dio como resultado la sanción de una ley de resarcimiento y motivó el reagrupamiento y reclamo de otros ex trabajadores de empresas estatales.

El oficialismo ha reflotado sus viejos proyectos sobre PPP de distintas empresas. Todos tienen “desprolijidades” notorias en cuanto a las fechas de corte para la inclusión de los ex trabajadores, así como una enorme imprecisión sobre el importe de la indemnización que convertiría a estas leyes en una estafa.

Es por eso que, con la iniciativa de la banca del PO-Frente de Izquierda, se impulsa un plenario de comisiones -que el FpV estaría dispuesto a aceptar- para introducir las modificaciones que los trabajadores votaron, antes que el proyecto llegue al recinto.

Los ex trabajadores votaron, además, una nueva reunión en el Congreso para el 11 de agosto, la recorrida para lograr el apoyo de otros diputados, la difusión en los medios, la participación en las movilizaciones de los compañeros telefónicos y ex ypefianos y la publicación de una declaración que defina no sólo el objetivo de un verdadero resarcimiento económico jubilatorio y laboral, sino también un pronunciamiento contra la privatización actual y el planteo de la nacionalización total de la industria del gas, bajo dirección de sus trabajadores.