En forma masiva, se cumplió el paro activo decretado por la CGT Regional, para reclamar el pago en término y en efectivo de los salarios. El viernes 11, una movilización de unos 5.000 trabajadores dio un impulso para que, desde el lunes 14, se fueran generalizando los paros, los cortes de rutas y calles en diversos sectores de la administración pública. El jueves 17, San Miguel era una ciudad sitiada; había cerca de 40 cortes. Ese mismo jueves, el gobierno anunció que había acordado con el Banco Nación un adelanto de 40 millones de pesos, a cuenta del primer tramo del crédito que el Banco Mundial le entregaría a Tucumán. La Gaceta editorializó que ese crédito tenía que ver con el clima de pueblada que se estaba generalizando.

La encrucijada del gobierno sigue abierta, porque si paga en efectivo como anunció, a partir del miércoles, el atraso en los pagos se volverá a plantear a partir de octubre, ya que la Coparticipación está totalmente comprometida.

El paro arrastró a sectores cuyos gremios abiertamente llamaron a no parar, como Sadop (docentes privados), ATEP (docencia primaria), o la universidad, donde en varias facultades no hubo actividad académica (en Artes, el centro resolvió el paro en una asamblea).

Todos los accesos a San Miguel estuvieron cortados. A las 11 de la mañana, a pesar del diluvio, unos 1.000 trabajadores se concentraron frente a la casa de gobierno. Allí, la mayoría de los oradores, aunque denunció como carnera a la dirigencia del CTA y de la otra CGT, no propuso ninguna continuidad de la lucha. Sólo desentonaron el dirigente Víctor Medina del SUTEP, quien llamó a mantener los paros y los cortes la semana siguiente, y Sergio Díaz, del Sindicato Municipal de Tafí Viejo, quien planteó que se debía convocar a un congreso de delegados con mandato para votar la continuidad de la lucha y que se debía fijar un programa que fuera más allá del reclamo del pago puntual de los salarios.