El gobierno de la Ciudad acaba de desprenderse, en forma intempestiva, de uno de sus personajes clave. El detonante de la renuncia forzada de Lemus, quien integró el gobierno de Macri desde sus inicios, ha sido la reglamentación del aborto no punible, que establece la intervención (ilegal) de un comité interdisciplinario y, lo que es más grave, un límite de doce semanas de gestación para realizar la intervención. Este plazo ignora que la víctima de una violación demora en aceptar su condición de embarazada.

Lemus es también el ejecutor de una política de vaciamiento y privatización de la salud pública: amputación del Borda y del complejo de salud mental en función del negocio inmobiliario del Centro Cívico; el desmantelamiento de los hospitales Alvarez, Lagleyze, Rivadavia y Udaondo; el intento de expulsión de pacientes del Gran Buenos Aires; la tercerización.

Esta política es apoyada por las burocracias de la Asociación de Médicos Municipales y del Sutecba, ha fracasado y la renuncia del ministro es su expresión.

¿Marcha atrás? Según algunos medios, el gobierno PRO pretende dejar en pie la reglamentación del aborto no punible y avanzar en la implementación de los hospitales de cabecera que, en las condiciones actuales, sólo puede significar la jerarquización de cuatro hospitales en desmedro de los otros 29.

La reglamentación del aborto, por parte de Macri, se encuentra en línea con las que se dictaron en provincias gobernadas por los K -como Río Negro y Salta- en oposición, incluso, al fallo de la Corte y al artículo 86 del Código Penal, que establece que en caso de violación, cualquier mujer tiene el derecho a un aborto no punible con sólo declarar la situación frente a un médico. Una política avalada por la propia Presidenta, quien milita contra el derecho al aborto.

¿Cuál es el balance de la oposición K frente al implacable avance de la política del gobierno PRO?

Proponemos realizar un encuentro interhospitalario para organizar un paro y movilización en torno a cinco puntos: 1) derogación del protocolo sobre el aborto no punible; 2) derogación de la pérdida de estructuras hospitalarias (Decreto Nº 260/12); 3) derogación del ataque a los derechos sindicales -virtual prohibición de asambleas (Resolución Nº 40/12); 4) reapertura de las paritarias, para las cuales se elijan delegados electos y mandatados por asambleas; 5) reconstrucción inmediata de los hospitales bajo el control de Comisiones de Seguimiento electas.