El 17 de septiembre pasado se iniciaron formalmente las negociaciones paritarias de la UTA, con las cámaras empresarias del sector. La propuesta salarial de la UTA es de un incremento del 30% sobre el sueldo básico fijado en diciembre del 2019 a partir de septiembre del corriente año, una suma no remunerativa de $20.000 y un adelanto a cuenta de futuros aumentos de $10.000. Para el último trimestre del 2020 se propone una actualización ajustada al índice de precios al consumidor. La patronal “ha tomado nota del reclamo” y se pateó la reunión para el 5 de octubre, sin ningún avance.

El pedido corre por detrás de una inflación anualizada del 40,67%, según el Indec. Más grave aún es que la crisis por el Covid-19 liquidó el piso del salario convencional. Los trabajadores de la larga distancia cobran una suma fija de $32.000 aportada por el Estado Nacional. La UTA ha refrendado acuerdos en provincias del interior por los cuales se rebajan los aportes a la seguridad social e implican una disminución del salario bruto, caso Córdoba por ejemplo. Y se han eliminado el pago de adicionales, como el presentismo, en numerosas empresas, cuando las restricciones a la circulación son medidas de orden público y no “ausencias” del trabajador. La restitución del salario íntegro de convenio, con los aportes a la seguridad social y el cobro de los adicionales, para todos los trabajadores encuadrados en el convenio no figura en la paritaria, y esto es así por cuanto el propio gremio avaló estas rebajas. Como se puede ver, ninguna de estas concesiones hizo “sustentable” (como dice la burocracia) la situación de los choferes, que en el interior se encuentran en una especie de lucha permanente para poder cobrar su salario, que se cubre con subsidios crecientes del Estado.

Tampoco el planteo paritario incluye la exigencia de una resolución de la situación de los trabajadores de empresas en crisis o quebradas como es el caso de la línea 141/145, a quienes se les adeudan importantes sumas salariales y no tienen asegurada su continuidad laboral.

La propuesta de UTA tampoco contempla las medidas de salubridad que se deberían aplicar dada la pandemia de coronavirus y son reclamadas por los choferes (elementos suficientes de higiene, elementos de protección personal, desinfección, cabinas herméticas etc, etc) en una actividad donde no existen las estadísticas de contagios pero que está golpeada con centenares de casos y numerosos trabajadores fallecidos.

La paritaria transcurre, como dijimos, en medio de duras luchas de los choferes del interior del país por el cobro del salario, entre las que actualmente se cuentan las de UTA Jujuy -duramente reprimida por el gobierno provincial-, Bariloche, Mar del Plata, Santa Fe, Rosario, etc. Como política general de parte del gobierno nacional, este ha otorgado cuantiosas sumas de subsidios al transporte, cuya finalidad es sostener los márgenes de ganancias de las patronales que en ningún caso han tenido que mostrar su situación económica para acceder a ellos. Que esto es así lo pinta el propio reclamo de los choferes cuando exigen que los subsidios sean destinados al pago de los salarios.

Ninguna de las alas en las que está dividida la burocracia sindical, ni la de Fernández ni la de Bustinduy, está dispuesta a impulsar una lucha por el salario y las reivindicaciones más urgentes de los trabajadores. Estos burócratas, como representantes de diferentes monopolios del transporte, actúan en carácter de sus agentes, y su función ha sido terciar en la disputa patronal por los subsidios, que son un verdadero negociado. En los últimos tiempos Bustinduy, que fue durante décadas la mano derecha de Fernández, intenta darle a la Agrupación J.M. Palacios que lidera una mano de barniz “combativo” impulsando desde arriba alguna medida aislada, disfrazándola de “autoconvocatoria” o poniendo al frente alguno de sus agentes menos conocidos por la base del gremio, pero que en ninguno de los casos representa ninguna diferencia de fondo con Fernández.

Las reivindicaciones que surgen de la actual situación ponen un primer lugar la restitución de los salarios de convenio para todos los trabajadores de UTA del país, un aumento del 45% para lograr una verdadera recomposición salarial, a cuenta íntegramente de las patronales que deben abrir sus libros contables para que aquellas que no puedan hacer frente a sus obligaciones, sean nacionalizadas o provincializadas. La continuidad de todas las fuentes de trabajo y medidas de salubridad frente a la pandemia de Covid-19 controladas por medio de protocolos y comisiones de trabajadores en las líneas.

Para unir a los choferes de todo el país y revertir la difícil situación de los del interior, está planteado de manera inmediata un plan de lucha con paro nacional que no vendrá de la mano de ninguna de las fracciones burocráticas sino a una instancias de “autoconvocatorias” de delegados de base, agrupaciones y activistas del gremio que luchan a lo largo y ancho del país.