En enero el grupo Gloria había presentado un recurso de crisis en el Ministerio de Trabajo, no para seguir produciendo con métodos de excepción en el Ingenio San Isidro sino directamente para cerrarlo y abaratar los costos de despido de sus 700 obreros. Si a esto sumamos los más de 1200 puestos de trabajo indirectos que absorbe la empresa, es claro que estamos ante una catástrofe social de alcances históricos para el pueblo de General Güemes.

Este solo motivo justifica la presentación proyecto de ley de expropiación por parte del PO y su tratamiento inmediato: la zafra comienza en junio y si el ingenio no produce, los cañeros proveedores podrían cerrar contratos quinquenales con otras fábricas, dejando sin materia prima al San Isidro.

La viabilidad de la expropiación

Urtubey ha salido por los medios a rechazar la posibilidad de una expropiación, calificándola de inviable. Por nuestra parte, hemos realizado un plenario en la legislatura con la presencia de ex gerentes contables de la empresa, donde quedó demostrado exactamente lo contrario. Con números en mano se comprobó que el ingenio no produce pérdidas, que ha ampliado su capacidad instalada y ha abierto mercados en el exterior para el azúcar orgánico. A pesar de esto, Gloria deliberadamente bajó la producción en los últimos años.

Sobre los motivos del accionar, el sindicato denunció maniobras contables para justificar activos generados por fuera del ingenio. Por su parte, los ex gerentes manifestaron que si bien Gloria no tenía pérdidas, estaba orientando su inversión a otros nichos y pretendía cerrar con el menor costo.

El gobierno dio la orden a sus diputados de no asistir al plenario al tiempo que atacaba la expropiación desde la prensa sin dar ninguna salida a las familias de Güemes. En un pasaje de su entrevista, Urtubey afirma que “incluso si se pudiera”, no sería conveniente la expropiación para “no dar señales negativas a las inversiones”. No quiere reconocer que las inversiones se están yendo, no ingresando, y que su pasividad  cómplice favorece la fuga de capitales, no la producción. En este sentido, fue muy clarificadora la intervención de los ex gerentes del San Isidro al manifestar que las trabas a la producción se concentran fundamentalmente en las altas tasas de interés para el crédito, en el precio de la nafta y en la casi nula inversión en infraestructura vial y de riego. El problema no es el famoso “costo laboral” sino la clase social parasitaria que dirige el Estado.

Nuestra campaña

Desde hace 10 días venimos exponiendo nuestro proyecto a la población de Güemes; juntando firmas, promoviendo reuniones y asambleas. Este martes, una masiva asamblea de trabajadores del ingenio votó desarrollar un plan de lucha por la ley y movilizarse el 3 de abril a Salta, a la primera sesión ordinaria de Diputados. En los días previos habrá asambleas con la comunidad en Güemes y El Bordo.

El desafío es enorme y los tiempos apremian debido a las exigencias del proceso productivo. No obstante, el apoyo de la población del departamento es general y en ese factor deberán apoyarse los trabajadores para ganar esta pulseada.

De fondo, la lucha se inscribe en una etapa marcada por un ataque patronal y gubernamental compacto contra los trabajadores del azúcar, que incluye despidos, cierres, vulneración de los convenios y criminalización de la protesta. Los compañeros Martín Méndez y Jorge Moreno del ingenio Tabacal, llevan 20 días presos por luchar y el fiscal de la causa ha pedido penas que superan los 10 años de prisión. Nuestro proyecto es, sobre todo, un aporte para que este ataque de las patronales y el Estado se convierta en un boomerang, un factor de organización y clarificación en el seno de la clase obrera.

De nuevo sobre el proyecto de ley

Nuestra expropiación dispone la conformación de una comisión obrera para supervisar la producción y los aspectos contables de la empresa. Además, no hace responsable al Estado de las deudas de anteriores dueños.

En sus fundamentos se encuentran todos los datos que desmienten una supuesta crisis en la actividad azucarera, demostrando que el precio del azúcar está por encima de la media de los últimos diez años y el del bioetanol ha subido por encima de la inflación en los últimos 5.

En un pasaje señalamos que: “la caída de los precios del año 2017 (eje de la empresa para justificar el cierre -NdA) no se presenta como la anomalía de la serie de largo plazo, sino todo lo contrario, significa el restablecimiento de los precios internacionales del azúcar según sus valores históricos. La anomalía en los precios radica en los abultados incrementos del año 2016, superiores al 25%”.

Motivos para la continuidad del San Isidro sobran, el escollo fundamental es superar, mediante la unión de los trabajadores del azúcar y los pueblos afectados, al gobierno de las patronales, garantes de los despidos, la fuga de capitales y la pobreza de los pueblos.

La aprobación del proyecto solo vendrá con una  pulseada de fondo, en la que es necesario el control de las instalaciones para evitar un desguace y exigir su reapertura.

 

Proyecto de ley de expropiación del Ingenio San Isidro