El sábado 3 por la tarde, luego de una asamblea en Cañadón Seco, se levantó el paro petrolero en la zona norte de la provincia, al cabo de una serie de reuniones entre representantes de los delegados convocantes del paro y funcionarios del gobierno provincial. Por lo anunciado en las asambleas, se planteó un compás de espera de diez días para establecer canales de negociación con la Federación. Pasado ese lapso, según se anunció, se retomarían medidas de acción para que se convoquen a las elecciones.

El acta firmada

El acta firmada otorga “un voto de confianza al gobierno” para “lograr una mesa de diálogo entre las diferentes partes: gobierno nacional, Federación y cuerpos orgánicos” y “la normalización de nuestra entidad sindical”. Ocurre, sin embargo, que la Federación desconoce la representación de varios delegados de la zona norte, dejándolos a merced de las empresas; el acta, por su parte, ignora el reconocimiento inmediato de los delegados como representantes genuinos de los trabajadores.

Mientras tanto, en esas empresas se siguen despidiendo trabajadores, y está pendiente la reincorporación de los compañeros de San Antonio, Oleosur, Trasportes Romero y Figueroa desde hace por lo menos dos meses. También sigue sin pagarse el salario completo de decenas de trabajadores, con la justificación de los paros docentes y el conflicto de junio. Estos contratistas siempre vincularon la “pérdida de rentabilidad” con las acciones obreras, aunque nunca mostraron los libros de sus ganancias. Siempre que hubo conflictos despidieron, suspendieron, retrasaron en los pagos o liquidaron mal los salarios.

El acta termina planteando “una transición ordenada de nuestra entidad sindical, para evitar conflictos internos y/o sectoriales ya que es intención recuperar la paz social”. Pero hay dos dirigentes gremiales que están encarcelados. Mientras quieren obligar a los trabajadores a una tregua o paz social, el gobierno y las empresas siguen en guerra contra ellos.

Libertad a Oñate y Acosta. Elecciones ya

La Federación quiere estirar los plazos de la convocatoria a elecciones por mucho tiempo más. El propósito es alcanzar una “normalización” que deje afuera al movimiento de lucha que derribó a la burocracia y sacudió a la provincia. El cumplimiento del estatuto (que obliga al llamado a la asamblea general y la elección de la junta electoral) sigue planteado, a pesar de que el acta no lo menciona. Sin duda, entre el acta que se firmó y el planteo de las asambleas hay una gran contradicción. Como ya señalamos, el gobierno y la Federación tienen diferencias, pero hay una línea estratégica común: evitar que los delegados más combativos de la gran huelga lleguen a la dirección del sindicato.