El oficialismo, incluida la burocracia gráfica, presenta lo que llama el “caso Donnelley” como ejemplo de una gesta patriótica contra Griesa y los buitres. La Afip denunció enseguida la quiebra como sospechosa y el Inaes (el instituto que regula las cooperativas) aprobó la constitución de Madygraf en un tiempo inhabitual. 

 

La demagogia oficial, sin embargo, no pasó de allí, esto porque las opciones ofrecidas a los trabajadores fueron el ingreso de un nuevo inversor (que no fue descartada del todo) o la formación de una “cooperativa” sin respaldo económico, mientras continúa el trámite de la quiebra, más o menos en los moldes que han seguido otras plantas quebradas. 

 

El bloque kirchnerista de la Legislatura de la provincia de Buenos Aires, presidido por “Chino” Navarro (quien visitó la planta junto a los diputados del PTS, exclusivamente), adelantó su predisposición a tratar un proyecto de expropiación, pero sólo “con cargo oneroso”. Los obreros deberían destinar sus créditos laborales a la compra de la empresa y generar un plan de negocios “viable”.

 

 

Una nueva etapa

 

Como ocurre con los fondos bancarios de la ex Donnelley, los ingresos generados por la gestión obrera han quedado hasta ahora entrampados en el trámite de la quiebra, en tanto no exista una nueva razón social. Fue necesaria una movilización para arrancar el pago de 4.000 pesos a cuenta, por los trabajos realizados este último mes. 

 

El impedimento para hacer efectiva la facturación queda resuelto con la matrícula del Inaes, ya que la ley de quiebras habilita la continuidad provisoria con la sola inscripción. El Juez Santichia ha concedido la locación a Madygraf a cambio del pago de un canon.

 

Un triunfo contra el bloque que se alineó en defensa de la quiebra: la cámara gráfica, un sector de empleados y jerárquicos, e incluso el juez y la sindicatura, quienes expresaron desde un principio una postura reacia a la continuidad, lo que hubiera implicado una cesantía masiva. La habilitación de la gestión de la cooperativa, con todos sus límites, significa una victoria contra los despidos masivos. Desde 2002, todas las votaciones legislativas de la izquierda, pero en especial las de nuestro partido, a favor de estas salidas precarias, respondían a la necesidad de derrotar los despidos masivos – una condición, por otra parte, para mantener la lucha por objetivos superiores. 

 

 

Estatización y control obrero

 

Como lo dice un comunicado de los compañeros de, ahora, Madygraf: “Estas conquistas son pequeños pasos hacia nuestro objetivo: la expropiación y la estatización bajo gestión obrera de la planta. A pesar de que el gobierno dice que nuestra producción no puede ser un servicio público, planteamos que podemos poner la fábrica al servicio de la comunidad. Podemos hacer que a ningún niño le falte un cuaderno ni un manual para ir a la escuela. Ya resolvimos en asamblea general destinar parte de nuestra producción para imprimir 10.000 cuadernos para las escuelas del Suteba Tigre y que los chicos tengan sus herramientas para estudiar. También firmamos un convenio con la Facultad de Humanidades de Rosario para hacer sus cuadernillos en nuestra planta. Estas conquistas son pequeños pasos hacia nuestro objetivo: la expropiación y la estatización bajo gestión obrera de la planta”. 

 

La resolución del juez, que habilita la continuidad, obliga a los trabajadores a abonar, además de un canon locativo, contratar seguros, afrontar servicios y habilitaciones. Para cumplir con el fallo, “Madygraf se verá obligada a asumir todos los pagos, liberando a la quiebra de todo reclamo que pudieren efectuar sus asociados, el personal contratado o terceros” (Infobae, 6/10). La pelea sigue entonces en su estadio inicial, incluso después de los reconcimientos obtenidos.

 

 

Quién paga la reconversión 

 

Alejada la posibilidad de un desalojo, la salida cooperativa enfrenta un horizonte marcado por dificultades conocidas, en especial la falta de capital de giro y la incertidumbre de una quiebra que prosigue, pero además el sabotaje de los grupos capitalistas de la industria y una caída de la actividad económica. Incluso el gobierno intentará aprovechar estas dificultades para extorsionar a la cooperativa con planteos de orden político. La Naranja Gráfica ha apoyado la lucha de Donnelley en cada fase (esta semana aportamos 12.000 pesos a su fondo de huelga). 

 

La Naranja Gráfica ha sido, asimismo, la única organización que desde el principio ha denunciado el operativo del gobierno y el ongarismo. Cuando la Federación Gráfica Bonaerense abandonó un coqueteo inicial con el conflicto y no participó de las movilizaciones para luego -en un acto deleznable- quitarles la obra social a los trabajadores, varias voces críticas desde Donnelley insistieron en reclamar el plenario de delegados.

 

Delimitándonos de cualquier línea que ponga esta lucha en función de objetivos faccionales, impulsamos la formación de una comisión obrera amplia, en primer lugar con delegados de todas las tendencias del sindicato gráfico, que acompañe a los compañeros de Donnelley con una campaña por la expropiación sin pago, la gestión bajo control obrero y la garantía estatal de puestos, salarios y condiciones de trabajo. 

 

Reclamamos un inmediato plenario de delegados para unir a esta orientación una campaña en todo el gremio contra todo despido y suspensión, por el reparto de las horas sin afectar el salario y por la reapertura de paritarias – un compromiso que fue firmado pero no se cumple.