El 21 de abril, en las puertas de la fábrica Brukman se desencadenó la represión más brutal del año 2003, contra el movimiento obrero y piquetero.

Los métodos utilizados por la Guardia de Infantería y las seccionales policiales intervinientes, reeditaron la jornada del 26 de junio en Puente Pueyrredón: represión con gases y balas de goma, utilización de los tristemente célebres “cartuchos rojos” y cacería de los manifestantes que se extendió a más de 25 cuadras de la fábrica.

A esto se sumaron los vejámenes a los que fueron sometidos los detenidos durante su traslado y en la Comisaría 8ª. El hecho de que, fruto de esta acción, no se hayan producido muertes, sólo se debe a que el azar estuvo esta vez de nuestro lado.

El 20 de mayo se presentó en el fuero federal la querella con mayor número de actores que han patrocinado las organizaciones de derechos humanos – entre ellas, la Asociación de Profesionales en Lucha (Apel) – , contra la represión policial.

Veinte personas, entre las que se encuentran trabajadores de Brukman, el presidente del Centro de Estudiantes de Psicología, legisladores, militantes de las organizaciones piqueteras, vecinos e inclusive estudiantes que no habían participado de la movilización, se unieron en una acción penal contra el gobierno y el aparato represivo.

La unidad reflejada en el patrocinio jurídico entre los diversos abogados de organizaciones de derechos humanos, organizaciones piqueteras y partidos políticos tendrá que concretarse en una acción política común para imponer a la Justicia burguesa un real esclarecimiento de los hechos.