El diario Clarín acaba de publicar una información sobre un proyecto del gobierno, que enviaría al Parlamento para su aprobación, respecto de una nueva fórmula a aplicar para la actualización de las jubilaciones del régimen general y demás prestaciones sociales que, aunque le falten precisiones en varios aspectos cruciales del mecanismo, deja en claro que la orientación general supone nuevos golpes para los magros bolsillos de la inmensa mayoría de los jubilados.

En primer lugar porque la fórmula a aplicar -según indica- a partir del próximo mes de diciembre establecería que las actualizaciones se realizarían de manera semestral, en los meses de marzo y setiembre, en lugar de cada tres meses como se aplican actualmente. Con una inflación como la actual y la proyectada, de un 40% anual, los haberes correrán de atrás, perdiendo hasta un 20% antes de cada una de las sucesivas actualizaciones.

Además, el cálculo para actualizar los haberes se basaría en un 50% por el aumento del índice Ripte de variación de salarios, un indicador cuestionado, incluso por la justicia de la Seguridad Social, porque refleja a la baja los incrementos de los sueldos.

Para el otro 50%, se tomaría la variación de la recaudación tributaria con destino a la Seguridad Social por beneficiarios, sin incluir la moratoria, que tiene una tendencia a la baja por el aumento del trabajo precarizado o en negro y la caída abrupta del registrado por la catarata de despidos y cierres de empresas de los últimos meses -que seguramente se va a ampliar en los próximos-, además de las rebajas en los aportes patronales que el propio gobierno ha ido concediendo, siguiendo la política implementada por el macrismo.

Es decir que la propuesta sería más reaccionaria que la reaccionaria aprobada por el macrismo, con el apoyo del PJ en diciembre del 2017, en medio de la rebelión popular contra la medida, que establecía variaciones trimestrales calculadas con el 70% por inflación y el 30% restante por el índice Ripte.

Pero, además, el aumento de los haberes tendría como límite la variación de la recaudación total del sistema previsional, por beneficiarios, sin moratoria. Así, los aumentos que ahora se establecen de manera arbitraria y por decreto pasarán a estar vinculados con el dinero que ingrese a la Seguridad Social y no con la inflación ni con las necesidades de los jubilados que hoy, en el 80% de los casos, cobran menos de 25.000 pesos, es decir, la mitad de la canasta familiar de los adultos mayores medida por la Defensoría de la Tercera Edad.

Tan es así, que el proyecto establecería que si existiera una diferencia entre la inflación y la recaudación, la misma sería compensada solo en un 50 por ciento, con una parte en porcentaje y otra como suma fija, lo que hace suponer que, para las jubilaciones medias o mayores, la “compensación” sería aún menor.

No está planteado cómo se realizaría el salto del sistema trimestral actual a uno semestral, pero el alerta para los jubilados tiene fuerte asidero en la historia reciente: al aplicarse el cambio en el sistema de actualización en marzo del 2018, los jubilados perdieron, en dos años, un 19% y, por la aplicación del decretazo del actual gobierno, a partir de marzo de este año, volvieron a perder porcentajes variables, según el monto de los haberes, pero fueron perjudicados todos los beneficiarios, aún los que cobran la miserable mínima de $17.000.

Además, el proyecto aleja a las jubilaciones de toda consideración como salario diferido, aunque se tome para el cálculo a un indicador de aumento de salarios. Esto porque ese índice es aleatorio ya que existe el límite último de la recaudación y solo se lo toma como referencia porque empuja hacia la baja los valores de incrementos de salarios.

Tampoco toma en cuenta la realidad de que el haber mínimo no llega a cubrir la tercera parte de las necesidades de los jubilados y que toda medida en el terreno previsional debe partir de triplicar la base de la pirámide para que las jubilaciones y pensiones permitan cubrir el costo de la canasta de la tercera edad.

Se vuelcan en el planteo del gobierno las ideas más reaccionarias desarrolladas por los “especialistas” propatronales que disertaron en la comisión del Congreso que tiene a consideración el tema de la reforma jubilatoria, donde “explicaban” que el reclamo del 82% móvil es “cosa del pasado”.

La reforma previsional que los jubilados necesitan es la opuesta a la de este proyecto. Se trata de terminar con el déficit de la Anses y de las cajas con la eliminación de las rebajas en los aportes patronales que se han ido aplicando a lo largo de los años; que el Estado restituya los fondos conculcados y que se termine con el trabajo en negro.

El haber mínimo debe cubrir el costo de la canasta del jubilado, hoy superior a los $45.000 y la actualización debe ser mensual por el aumento del índice de precios del Indec o el de los salarios, el que sea mayor. Y la jubilación debe ser equivalente al 82% del salario en actividad de cada beneficiario.

La dirección y control de la Anses debe pasar a manos de los trabajadores y los jubilados, al igual que las cajas provinciales, el Pami y las obras sociales provinciales. Investigación, juicio y castigo a los que las vaciaron. No pago de la deuda externa. Impuesto a las grandes fortunas y ganancias.