Según un relevamiento reciente de la Universidad de Avellaneda (Undav), seis de cada diez trabajadores entrevistados padeció alguna vez episodios de violencia laboral, mientras que tres de cada diez la padecen actualmente. En casi la totalidad de los casos los tratos violentos están cometidos por gerentes o cargos jerárquicos contra sus subordinados, lo que corrobora que es la norma, debido al despotismo de la patronal en los lugares de trabajo.

Del total de los casos abarcados, en el 78% se declaró haber padecido violencia psicológica. Luego, en un 67% los trabajadores aducen haber padecido discriminación. En el 52% de los casos la violencia fue de índole sexual, mientras que en el 35% existieron agresiones físicas.

En los casos contemplados en el informe, la violencia laboral se ejerció de forma muy extendida contra personas no binarias (87,6%), luego contra mujeres (65,5%) y por último contra hombres (43,5%). Esto alcanza cifras elevadísimas dependiendo el tipo de agresión. Por ejemplo, en el caso de la discriminación, las personas no binarias señalan haberse visto afectadas en un 92,4%, mientras que las mujeres en un 72,5%. En los casos de violencia sexual, les no binaries dijeron sufrirla en un 83,7% y las mujeres en un 59,5%.

Es relevante también en estos casos el sector de la economía en que se emplean los trabajadores violentados. En la considerada economía “primaria”, es decir, en el agro, se registran los niveles más altos de hostigamiento. Allí, un 91,5% de los entrevistados dice haber sufrido maltratos de algún tipo. En el sector denominado “secundario” (la industria y la construcción) esta cifra llega a un 77,6%, casi equiparado al 77,5% de la economía “terciaria” (comercios, transportes, educación, salud y demases).

El estudio fue recientemente recogido en Página/12 (10/12), aunque su elaboración data de julio del presente año. En aquel entonces, se hizo una presentación a la que acudió Patricia Sáenz en representación del Ministerio de Trabajo. Allí aprovechó para hacer demagogia con el “compromiso” a hacer valer el Artículo 190 de la OIT, que se ratificará como ley en febrero de 2022 en el país. El mismo habla del “derecho al ambiente laboral libre de violencia y de acoso”, pero se trata de una formalidad testimonial.

Los gobiernos y el Estado en todos sus escalafones son responsables de la violencia laboral. Es incluso el Estado como patronal uno de los principales ejecutores de los tratos violentos a su planta laboral, siendo esto objeto de numerosos estudios en todo el mundo que señalan a la administración pública como uno de los sectores de “mayor riesgo” al respecto. Pero es también la luz verde de todo el andamiaje estatal para con las patronales y su despotismo contra los trabajadores una condición infaltable para que esto se desarrolle, sumado al aval de las contrataciones fraudulentas, de los contratos basura y los despidos injustificados; que son también una condición necesaria de los capitalistas para violentar a los trabajadores. Es precisamente esto lo que se viene a profundizar con la reforma laboral, a la que el gobierno y la oposición patronal se comprometieron, y cuyos puntos cruciales celebran bajo la premisa engañosa de “modernizar las relaciones de trabajo”.

El hostigamiento, el acoso, la violencia psicológica y sexual son el resultado inexorable de un régimen basado en la explotación diaria de los trabajadores, que hacen funcionar el país mientras las ganancias se las apropian los capitalistas. La escasez de ofertas laborales, las altas tasas de desempleo, la miseria generalizada y los salarios de pobreza refuerzan, a su turno, que en la mayoría de los casos los agredidos no tengan más remedio que agachar la cabeza y hacer silencio frente a los tratos violentos de los patrones y gerentes.

De hecho, otro dato que se expresa es que de los relevados solo un 30% de los violentados pudo denunciarlo. Es una manifestación del desamparo en que deja el Estado a los trabajadores, y de la inacción de las direcciones sindicales. La pelea contra los atropellos demanda organizarnos en todos los lugares de trabajo, recuperar las comisiones internas y las organizaciones obreras, formando comités electos por los propios trabajadores para poner fin a las ofensivas patronales.

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