Desempolvando un decreto de la dictadura de Lanusse, que declaraba a la actividad aeroportuaria como “esencial”, el macrismo habilitó a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y a la Fuerza Aérea a desarrollar tareas en las rampas de los aeropuertos -para las que no tienen los cursos, las habilitaciones legales ni el conocimiento requerido-, en un ataque directo a eventuales huelgas y medidas de fuerzas de los aeronáuticos.

La disposición formaba parte de las adoptadas por el G20, pero una vez finalizada la cumbre el gobierno resolvió una primera extensión de 30 días -así, lo que fue presentado como una resolución “excepcional” tiene ahora un curso de prolongación indefinida. Lo mismo sucedió con la resolución del Ministerio de Seguridad que autorizó a las fuerzas federales el uso de armas de fuego en caso de un “peligro inminente” definido de manera extremadamente amplia, legalizando el gatillo fácil y el ataque letal a movilizaciones.

Ya en su formulación se advertía que dejaba abierta la puerta para su aplicación y/ o extensión discrecional contra los aeronáuticos, que vienen enfrentando la guerra de empresarios y gobierno contra su convenio y el salario. Con un paro masivo el 26, continuado el 27 con las medidas de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) y por asambleas en rampa en la misma semana del G20, vienen de imponerle al ajustador serial Luis Malvido (presidente de Aerolíneas Argentinas) el reconocimiento de una cláusula gatillo y el levantamiento de 376 suspensiones en la empresa estatal –a lo que se comprometió a cambio de “paz social”.

A pesar de que la OIT -a la que Argentina adhiere- rechaza considerar al transporte un “servicio esencial”, los controladores aéreos revisten en esa condición a partir de la Ley impulsada por CFK que en 2015 creó EANA, empresa estatal separada de la ANAC y paso previo a la privatización del servicio. Los controladores han perdido derechos como la jornada de 6horas en Ezeiza que por 40 años rigió en las torres. La patronal aplica suspensiones y traslados a quienes se animan a denunciar las fallas permanentes en el instrumental.

En guardia

La medida se inscribe  en un curso de ataques contra el derecho de huelga. A fines de agosto, un acta en el subte -firmada por la conducción de la gremial del subte AGTSyP– estableció que antes de “adoptar medidas de acción directa” debían atravesarse toda una serie de instancias preliminares, e incluso que en caso de realizarse el gremio debía garantizar la circulación de los trenes, habilitando la acción de jefes o carneros que pasarían a conducirlos (con el consecuente riesgo para trabajadores y pasajeros). En Neuquén, la burocracia de Petroleros y Uocra suscribió en octubre un plan de “blindaje” contra la participación de los trabajadores en huelgas nacionales y ante cualquier tipo de paros o luchas parciales, que deberán ser “canalizadas” en una comisión… con empresarios y funcionarios. Un mes después, se votó la reforma macrista a la carrera profesional de la salud porteña, que entre otros ataques somete las huelgas a “organismos paritarios encargados de prevenir y solucionar los conflictos colectivos de trabajo”.

La actual resolución de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) constituye un salto en calidad en esta avanzada, ya que fija un precedente de militarización de las huelgas y otras medidas de lucha. Por este motivo, debe encender un alerta para todo el movimiento obrero.

¿Seguridad?

Al tiempo que se anunciaba el decreto antihuelga, se producía un nuevo accidente, al desprenderse tres carritos portavalijas de American Airlines del tractor que las conducía e impactar a velocidad contra un mecánico de Austral que se encontraba realizando tareas al pie del avión y provocándole traumatismos y fracturas -las que no pudieron atenderse en el Hospital de Ezeiza, por ausencia del personal que había estado tres días de guardia a disposición del G20. La seguridad de los trabajadores (y pasajeros) no forma parte de las prioridades del macrismo. En la última tormenta, un rayo llevó al hospital a cinco compañeros de Aerohandling (grupo Aerolíneas) obligados a trabajar en pista contra la expresa normativa de seguridad.

Sólo los trabajadores han dado pruebas de responsabilidad en la defensa de la seguridad aérea. La presión precarizante debe enfrentarse constituyendo Comités de Seguridad electos por los aeronáuticos con poder para interrumpir acciones potencialmente riesgosas y una campaña sobre los pasajeros para impedir un Cromañón aéreo.

Mediante la lucha obrera, hay que imponer la defensa del convenio y las condiciones de seguridad y la derrota de la ofensiva antihuelga.