Desde hace años, cuarenta y cinco mujeres son explotadas laboralmente cuidando niños y adolescentes en los hospitales públicos cordobeses y algunas “residencias” de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia Córdoba (Senaf).
Trabajan 30 horas semanales, protegiendo a los menores que la Senaf tiene a su cargo, realizando tareas propias de enfermería (como aspirar la secreción en traqueotomizados o cambiar de pañales) o tareas que corresponderían a un acompañante terapéutico (como tratar con adolescentes con padecimientos mentales).
Cobran 1.500 pesos por mes a través de un subsidio, no cuentan con ART, aportes jubilatorios, licencia por salud, maternidad ni vacaciones. No han recibido capacitación específica para realizar estas tareas ni cuentan con medidas de bioseguridad que las protejan de enfermedades propias del contexto hospitalario.
Algunas de ellas trabajan en estas condiciones hace más de cinco años.
El secretario de Senaf, Gabriel Martín, pretende hacer creer a la opinión pública que estas tareas son parte de un voluntariado.
A través de acciones directas, denuncias en los ministerios de Trabajo de la provincia y Nación, campañas de concientización y articulación con las luchas que libran los hospitales públicos, junto a organismos de derechos humanos, la banca del Frente de Izquierda en la Legislatura y ATE venimos reclamando contra estos hechos aberrantes que ponen en grave riesgo tanto a los niños cuidados, como al grupo de trabajadoras precarizadas.
La grave situación laboral que afrontan las compañeras se ha vuelto un caso testigo de explotación laboral, al que el gobierno de Córdoba responde con silencio y operativos de saturación policial, que impiden a los delegados sindicales ingresar a las reuniones de trabajo para representar a sus compañeras.
Si Senaf vulnera alevosamente los derechos de sus trabajadores, ¿cómo puede garantizar los derechos de los niños y adolescentes que tiene a su cargo?
Exigimos el pase a planta permanente de las compañeras y un salario igual a la canasta familiar.
