Al finalizar las varias veces prorrogada conciliación ministerial, la patronal de la línea 60 efectivizó los despidos y sanciones anunciados. Inmediatamente, los trabajadores paralizaron el servicio. Luego, una masiva asamblea votó mantener el paro 48 horas y   continuar después con otras medidas como movilizaciones y no corte de boletos.  

 

Los despidos son presentados por la empresa como castigos a la reacción indignada de activistas el día que la negligencia patronal en materia de seguridad se cobró la vida del mecánico David Ramallo. Pero todo hace pensar que el conflicto tiene otro alcance. Los delegados han denunciado que la patronal intenta encubrir su responsabilidad criminal en aquellos hechos despidiendo a quienes fueron testigos del mismo. Pero, además, denuncian que la empresa pretende proceder a una "limpieza" del activismo y a la domesticación de un cuerpo de delegados con un fuerte historial combativo.

 

Paralelamente, insistentes versiones dan cuenta de negociaciones inter empresarias donde se disputan subsidios, la explotación  de los recorridos y la renovación del parque automotor. El disciplinamiento de los trabajadores sería una de las condiciones en estas transacciones, que llegarían hasta un posible cambio de firma. El hecho de que la burocracia de la UTA se haya involucrado en un conflicto de una línea combativa, a la  que viene hostilizando desde hace años, evidenciaría intereses materiales propios en esas negociaciones.

 

En cualquier caso, los sectores anti burocráticos y combativos del movimiento obrero debemos apuntalar la lucha de la 60 por la reincorporación de los despedidos, levantamiento de sanciones y castigo a la patronal responsable  de la muerte evitable de David Ramallo.