La convocatoria al Plenario Nacional de Organizaciones de Jubilados del 25 de agosto a las 17 horas para resolver medidas de acción y la Audiencia Pública en el Congreso de la Nación, del 4 de septiembre, se encuentran en marcha. Para todas las organizaciones convocantes se plantea la necesidad de enfrentar la situación cada vez más grave que viven los trabajadores jubilados en todo el país, sean de la Anses o sean de las cajas provinciales.

Las luchas, concentraciones y movilizaciones en Córdoba, Chubut (les quieren adelantar las jubilaciones por miseria) y Chaco, los reclamos organizados en Neuquén, Misiones, Santa Fe, Entre Ríos y en Buenos Aires, especialmente en manos de organizaciones autoconvocadas de jubilados y en las de los sindicatos combativos, necesitan una acción nacional, que ni la CGT ni la CTA están dispuestas a convocar, por sus lazos profundos con el gobierno nacional y los gobiernos provinciales.

Alberto Fernández vuelve a dar un golpe brutal a los jubilados y pensionados

El gobierno nacional ha dictado un nuevo DNU. Le ha dado continuidad a la suspensión de la movilidad jubilatoria y establece para septiembre un “aumento” incierto por decreto. Lo hizo justo al toque de haber acordado el pago de la deuda y las garantías para concretarlo, de las cuales el ahorro de fondos, achicando las jubilaciones, es una pata fundamental.

Los aumentos por decreto, dados desde fines del 2019 han hecho retroceder el poder adquisitivo del conjunto de las jubilaciones y pensiones.

Todos los aumentos otorgados por decreto han sido por detrás de lo que hubiera correspondido según la ley de movilidad. Se calcula una desvalorización de las jubilaciones que se acerca al 20%, pero además se mantiene la mínima para miles en la cifra vergonzosa de $16.842. Los que pasan la mínima han sido especialmente golpeados porque en marzo recibieron porcentajes menores, la Puam (Pensión Universal para Adultos Mayores) está en valores de indigencia y a los que se quedaron en Rentas Vitalicias (luego de la disolución de las AFJP), cobran sumas que van desde los $300, los $1.500 y otros montos irrisorios.

Los dichos de Cafiero de que los jubilados le han ganado a la inflación y que le ganarán con el nuevo decretazo son un agravio a los trabajadores jubilados, cuando en la pandemia se los ha llevado a una situación mucho peor, ya no sólo por sus haberes miserables. Se agrega ahora que se encuentran especialmente expuestos al contagio del coronavirus en los geriátricos, que no tienen las medidas de bioseguridad necesarias ni para los trabajadores ni para los residentes. También se los expone, porque no se pueden “quedar en casa”, cuando tienen que ir a cobrar a los bancos o hacer cola en los comedores comunitarios, porque con la mínima no se garantiza ni la alimentación.

No solo es el gobierno nacional

Fernández actúa junto con los gobernadores y junto con el Congreso para concretar la reforma jubilatoria integral que vienen intentando desde hace años.

Han montado una Comisión Bicameral Previsional que viene reuniéndose para intercambiar diferentes fórmulas de movilidad, sin mejorar ni un punto el cálculo de los haberes. Discuten, también, la reforma de los regímenes provinciales en nombre de déficits, de los cambios en las formas de trabajo que hacen que los aportes (de los trabajadores) no sean estables, o que en momentos de crisis no se garantizan los aportes patronales ¡todos los gobiernos, incluso el actual han eximido a las patronales de sus aportes o les han dictado moratorias absolutorias! Y todos coinciden en considerar las jubilaciones como un gasto, por parte del Estado, que hay que recortar.

En esos debates se ha rechazado en forma explícita el derecho al 82% móvil y todo cálculo de los haberes partiendo de los mejores sueldos. Sostienen que dadas las condiciones actuales esto es inviable.

Lo aseguran aunque muchos de los expositores han señalado y documentado cómo se fueron vaciando la Anses y las cajas por la precariedad laboral, por la pérdida de empleos y por la evasión o moratoria de aportes y de contribuciones patronales.

La Comisión Bicameral no ha convocado a las organizaciones de jubilados a exponer. Se niegan a investigar a dónde fueron a parar los fondos jubilatorios, incluido el Fondo de Garantía de Sustentabilidad y los de las cajas provinciales que han sido usados para sostener los presupuestos y no a los jubilados.

La política de sometimiento colonial en el pacto con los acreedores, junto con los reclamos de las patronales de reconstruir la producción cambiando las condiciones laborales, implica arrasar con las conquistas obreras mientras se libera del pago de impuestos y contribuciones a las patronales, lo que va a traer un retroceso aún mayor en los haberes jubilatorios y la imposibilidad de jubilarse a las nuevas generaciones de trabajadores.

Es tarea de las organizaciones de jubilados salir a la lucha, planteando en el Plenario del Sindicalismo Combativo la unidad de trabajadores jubilados y trabajadores activos, llevando los reclamos a cada actividad que se resuelva en su seno, junto con la concreción del Plenario Nacional de Organizaciones de Jubilados del 25 y la Audiencia Pública en el Congreso del 4 de septiembre, convocada por Romina del Plá, diputada nacional por el PO-FIT U, que ya cuenta con la adhesión del Plenario de Trabajadores Jubilados-CSC, de la Mesa Coordinadora de Jubilados y Pensionados, del Plenario de organizaciones de Jubilados de Córdoba, de Jubilados de Izquierda- Ancla, de Autoconvocados jubilados por el 82% de Chaco, de la Comisión de jubilaciones de Ademys, de Amsafe Rosario, de la Unión de Trabajadores Jubilados en Lucha, Jubilados MTR 12 de abril y contará con la presencia de Eugenio Semino, de la Defensoría de la Tercera Edad.

En la Convocatoria proponemos: una campaña por la defensa de los derechos jubilatorios, de la movilidad, de la mínima equivalente a la canasta básica jubilatoria hoy de $45.020, del 82% móvil sobre el mejor sueldo y que se devuelva lo adeudado a partir de la suspensión de la movilidad.

Planteamos terminar con el déficit de la Anses y de las cajas con la restitución de los fondos conculcados por el Estado, de los aportes patronales y de todas las contribuciones destinadas a las jubilaciones. Por la dirección y control por parte de los trabajadores y jubilados de la Anses, de las cajas provinciales, del Pami y de las obras sociales provinciales. Investigación, juicio y castigo a los que las vaciaron. No pago de la deuda externa. Impuesto a las grandes fortunas y ganancias.