La nueva modalidad -“administrada”- de la cuarentena fue la bandera verde para que las patronales, en tándem con las burocracias sindicales, redoblen su presión por volver a poner en marcha la producción, aún en tareas claramente no esenciales. 

Antonio Caló (UOM) expresó esa orientación con claridad: las medidas “no fueron tan flexibles como algunos esperaban”, pero “si hay alguna industria que necesite trabajar lo hablaremos con los ministerios”. Por ese agujero se cuelan, todos los días, nuevas excepciones. 

Muchas empresas no esperan el visto bueno de ningún ministerio para convocar a los trabajadores a retomar tareas. Y muchas otras, que son autorizadas a fabricar ciertos productos necesarios, no se limitan solo a eso. 

Morvillo, por citar un caso, debía realizar cuadernillos escolares pero exigió a sus trabajadores imprimir la totalidad de sus revistas, bajo el chantaje de cerrar definitivamente la planta si no lo hacían. Un procedimiento que se repitió en la alimenticia Dánica, en el frigorífico Penta y en infinitas más.

Despidos masivos y rebajas de salarios

Pero los despidos no son solo una amenaza. Según un informe oficial, desde el comienzo de la cuarentena se produjeron 45.000 “desvinculaciones” en todo el país. Esto no incluye a estatales o docentes, que se han quedado sin cargo (suplentes, provisionales, programas educativos precarizados); tampoco al amplio universo de informales que no dejan huella en las estadísticas ni a los trabajadores de la construcción.

El DNU que los prohíbe es letra muerta. Las patronales solo reconocen el artículo que les conviene: para pactar las suspensiones con los gremios, con rebajas salariales “que van desde el 30 al 70% del salario”. Esa lista abarca a grandes empresas, como Aluar, Kraft y las terminales automotrices. El burócrata del Smata, Ricardo Pignanelli, declaró que el gremio “está haciendo un esfuerzo para que no se cobre menos de 40 mil pesos”. 

El modelo del Smata ya fue adoptado por Comercio, la UOM, petroleros, mineros y el Vidrio. En mercantiles, un gremio de casi un millón de afiliados, Armando Cavalieri está cerrando, con la Cámara de Comercio, un esquema de suspensiones por dos meses al 70 por ciento. El grupo Techint, luego de despedir 1.450 trabajadores de Uocra, avanza con un recorte salarial a “10 mil metalúrgicos de las plantas siderúrgicas de Haedo, Ensenada, Canning, Florencio Varela, San Nicolás y Campana”.

La burocracia busca la derrota de los trabajadores

Varios dirigentes sindicales cercanos al kirchnerismo -Ricardo Peidro, “Cachorro” Godoy, Daniel Yofra, Juan Carlos Schmid, Héctor Amichetti y el “Gringo” Castro, entre otros- firmaron una solicitada alertando que “las medidas tomadas por el gobierno nacional para proteger el empleo y el salario parecieran no aplicarse a un gran sector del empresariado” y exigiendo “que el Estado intervenga con más decisión y sanciones”. 

Según la CGT, “solo en el conurbano hay más de 600 empresas denunciadas en el Ministerio de Trabajo”. Hugo Melo, secretario general de la UOM de La Matanza, declaró: “No nos está atendiendo nadie”. El Ministerio de Trabajo mira para otro lado; peor aún: “puso en duda el pago de haberes a sus empleados que no tengan los justificativos correspondientes o demuestren las tareas cumplidas desde sus hogares”. O sea que es cómplice por omisión y por acción. 

La solicitada cumple la doble función de embellecer al gobierno y autoexculparse. Pactar con las patronales y dejarlas hacer son variantes de una misma estrategia consciente de derrota de la clase obrera.

Una línea patronal que reclama la acción de los sindicatos

La reducción de planteles y la rebaja generalizada de salarios son una vía para consolidar un nuevo piso de explotación en Argentina. Los capitalistas se valen de la emergencia y de las condiciones que impone el aislamiento, que al mismo tiempo vulneran por todos lados. 

Frente a este verdadero plan de guerra, los sindicatos deben romper su alineamiento con las patronales y tomar iniciativas de acción. El ejemplo del Sutna es una guía en la defensa del salario, los puestos de trabajo y la salud.

El conflicto del frigorífico Penta, que obligó a la burocracia de la Carne a convocar a un paro nacional; las luchas en Dánica y en La Serenísima; el paro anunciado por los repartidores de las App para el 22 de abril; los reclamos en los supermercados por el bono y la reducción de la jornada; todas estas son manifestaciones de la disposición obrera. 

Nuestro programa es: ningún despido ni rebajas del salario, indexación mensual por costo de vida; seguro universal de 30 mil pesos; ocupación de las empresas que cierren y continuidad a cargo del Estado, bajo control obrero; centralización de todo el sistema sanitario, público, privado y de obras sociales, bajo un comando único para combatir la pandemia; comisiones obreras de seguridad e higiene que controlen la implementación del plan de emergencia en todos los lugares de trabajo del país; no al pago de la deuda, volcando todos los recursos a combatir la pandemia y sus efectos sociales.