El gran debate nacional sobre cómo hacer desaparecer los piquetes recrudeció a partir de su rol en el reciente paro general del 6 de abril. Inocultablemente, los piquetes jugaron un rol protagónico en su concreción, frente a los ataques oficiales, la campaña de las empresas y el carnereaje – velado o abierto – de la burocracia sindical. El compañero/a que no podía apoyarse en la acción colectiva de su lugar de trabajo para adherir a la huelga, pudo invocar el bloqueo del piquete obrero para sumarse al paro teniendo al menos un argumento para enfrentar la posible represalia patronal.

 

Este hecho viene a cuenta de un dato celosamente oculto por el gobierno, las empresas y la propia burocracia sindical: el nivel de organización de los lugares de trabajo, o dicho de otro modo, los delegados que efectivamente han sido electos y actúan en el país (una elección que está habilitada por la propia ley de Asociaciones Profesionales y que debería ser de cumplimiento en el 100% de los casos).

 

El último dato sobre el grado de organización gremial corresponde a un estudio en base a datos estadísticos del Módulo de Relaciones Laborales de la Encuesta de Indicadores Laborales realizada en 2008 por el Ministerio de Trabajo (*), sobre la base de una encuesta realizada desde el año 1998 en empresas privadas de 10 y más trabajadores de todas las ramas de  actividad, exceptuando las primarias (actividades extractivas agropecuarias, mineras, pesqueras y forestales). El relevamiento del Ministerio cubría un conjunto de empresas representativas del conjunto en los cinco grandes aglomerados urbanos –GBA, Rosario, Córdoba, Mendoza y Tucumán.

 

Según ese estudio, el total de empresas con delegados era sólo el 14.2% del total y abarcaba a un 38.7% de los trabajadores. Según un análisis posterior, era previsible que ese número hubiese crecido  por el fallo de la Corte Suprema que habilitó la posibilidad de ser elegido delegado en el  lugar de trabajo sin necesidad de estar afiliado al sindicato más representativo de la actividad (La Nación, 4/2/11). En 2014 se estimaba que esa proporción se aproximaba al 16% y abarcaba más del 40% de los asalariados.

 

En el grupo mayoritario relevado por la encuesta, éstos “no tienen representantes sindicales y no se registraron conflictos colectivos”. Son empresas pequeñas – menos de 50 empleados- y corresponden básicamente a comercio, gastronomía, textiles y construcción. Un segundo grupo (12 % de empresas, 12 % de trabajadores) también carece de delegados y en él se encuentra “el núcleo de la subcontratación de servicios y actividades secundarias de firmas industriales y comerciales (tales como seguridad, maestranza, etc.) e instituciones de educación privada.

 

En un estudio previo (2005) el  78% de las empresas con delegados correspondía a firmas de 50 a 200 (27.7%) y sobre todo de más de 200 (52.5 %). Pero aún en estas grandes empresas, una de cada dos no tenía representación gremial.

 

La situación es aún peor que lo que consignan estas cifras si se toma en cuenta que la encuesta sólo considera empresas “formales”, es decir con el personal en blanco y no aquellas que concentran casi el 40% del empleo privado, que está en negro y carece de delegados.

 

 

De CFK al PRO, lo que no cambia

 

La llamada década ganada bajo los gobiernos K no significó un aumento sustancial de la organización gremial: los asalariados en empresas con delegados eran el 37.7% en el estudio del 2006 y no habrían subido más de tres puntos en la proyección del 2014.  Tampoco hizo variar los límites impuestos por la ley, que establece una representación mínima que proviene de la dictadura –un delegado cada 100– y la injerencia de la burocracia sindical que puede manipular su número a través del estatuto o de las convenciones colectivas. Ninguno de los convenios cerrados en los últimos años incluye una sola cláusula referida a la organización gremial ni que atienda en este punto a los trabajadores en negro.

 

Lo que las encuestas del Ministerio de Trabajo ni los estudios sacan a luz es que la responsabilidad por la ausencia de organización gremial corresponde a un pacto implícito entre la burocracia sindical, el Estado y las empresas. Los capitalistas se reservan en cuando pueden el dominio de los lugares de trabajo y la burocracia se preserva a sí misma, desde el momento que evita un grado de organización interna que pueda afectar su domino en los sindicatos. A la vez se asegura el monopolio de la negociación de los convenios colectivos. Sólo un 36% de los convenios colectivos referidos a empresas –planteaba aquel estudio de 2005– contaba con la participación de las comisiones internas.

 

La cifra de afiliación, que no llega al 40% al día de hoy y habría variado entre uno y dos puntos en la década, expresa el mismo desinterés de la burocracia en abrir un proceso de organización, máxime cuando tiende a resolver todas sus necesidades económicas por otras vías, sea el manejo de las obras sociales o el aporte obligatorio de los trabajadores cada vez que se renueva el convenio colectivo. En la mayoría de los convenios se establecen contribuciones que van del 1 al 2% del sueldo de cada trabajador y que tienen carácter obligatorio porque están autorizados por la ley (14.250) bajo la forma de “contribuciones solidarias”.

 

El movimiento obrero atraviesa una transición política. De un lado está la vieja burocracia sindical. Del otro un movimiento clasista en los sindicatos. La tarea absolutamente vigente es expulsar a la burocracia, incluyendo a las propias internas que cobijan a sus propios alcahuetes, y organizar la elección masiva de delegados y su defensa, como parte de la estructuración del movimiento sindical sobre una base clasista.

 

(*) Representación sindical en los lugares de trabajo: un análisis del Módulo de Relaciones Laborales de la Encuesta de Indicadores Laborales (EIL), Trajtemberg, Senén González, Borroni y Pontoni, 2012.