Tras el escándalo que generaron en la docencia santafesina las declaraciones de la titular de Amsafe y CTERA, Sonia Alesso, respecto a que la cláusula gatillo “no era la panacea”, avalando así la política del gobernador Omar Perotti para su eliminación como mecanismo de actualización salarial, la secretaria general hizo circular un audio entre la docencia para tratar de salvar las ropas de una burocracia que sigue colaborando con el ajuste del FMI.

Luego de la denuncia realizada por Tribuna Docente sobre este acuerdo, Alesso tuvo que salir a desdecirse “ratificando la cláusula gatillo como una herramienta fundamental en la defensa del salario”. Este reacomodamiento discursivo busca ocultar que en la paritaria nacional que comenzó el pasado jueves, la burocracia de Ctera se sentó sin mandato de la base docente a negociar salario y condiciones de trabajo, y que son varias las provincias -como Santa Fe, Mendoza y Tucumán – donde ya se echó por tierra a la cláusula en sintonía con el pedido de Alberto Fernández de dar un mensaje de tranquilidad a los acreedores de la deuda sobre las prioridades del Estado.

El ministro de Educación, Trotta, declaró en esa reunión que el objetivo del gobierno “es que los salarios le ganen a la inflación en 2020 mediante una estrategia de negociación trimestral” (Clarín 31/01). De esta manera, el funcionario ratificó la orientación del gobierno de uniformar nacionalmente su política salarial docente eliminando las compensaciones por cláusula gatillo y estableciendo aumentos a partir de una suma fija, “que tomará como referencia una inflación proyectada del 9 % para el primer trimestre y del 6% para el segundo” (Prensa Obrera, 10/01). Esto desconoce lo ya perdido durante la era Macri (un 19,5%) y “proyecta” una inflación que, anualizada, se ubica un 13% por debajo de lo que todas las consultoras calculan (no menor a 43%). No es otra cosa que la llamada “desindexación de la economía”, o sea, atar el salario al gasto del Estado y a lo recaudado, desconociendo la inflación.

Lo que perdimos en Santa Fe

En Santa Fe, la réplica de esta política por parte del gobierno de Omar Perotti tiene como consecuencia no solo el desconocimiento de lo perdido por el retraso en la aplicación mensual de la cláusula gatillo ($4.239 de deuda a diciembre que tampoco reconoció el saliente gobierno del Frente Progresista) y la incorrecta aplicación del aguinaldo (que significó $939 menos para el cargo con 60% de antigüedad), sino también y sobre todo la definición de tomar la actualización por cláusula gatillo correspondiente al mes de noviembre (4,1%) a cuenta de la próxima paritaria. Es decir, un robo liso y llano al bolsillo de los docentes santafesinos basado en desconocer la paritaria 2019.

Considerando que Sonia Alesso, como secretaria general de Amsafe, viene dejando pasar todos estos ataques del gobierno de Perotti, es de esperar que desde la Ctera tengan la misma conducta, ya que la orientación de fondo es la misma: garantizar el “equilibrio fiscal” en función del pago de la deuda.

Esta política es acompañada por el PRO, la UCR y todo el arco de la burocracia sindical, y fue sellada en el Congreso nacional que aprobó la “Ley de restauración de la deuda pública extranjera”, con la sola oposición de lxs diputadxs del Frente de Izquierda.

Ante esta situación, es necesario superar la política de la burocracia con la organización de un plan de lucha en defensa del poder adquisitivo del salario, empezando por recuperar todo lo perdido, el rechazo a la armonización de la caja jubilatoria provincial en función del ajuste nacional, la lucha por la titularización y el acceso a los cargos hoy congelado, entre tantos reclamos, para lo cual necesitamos poner en marcha una amplia deliberación de la base docente con plenarios de delegados departamentales, asambleas por escuela con mandato y plenarios de delegados de base a nivel provincial y nacional para tomar en nuestras manos las tareas planteadas:

Por un salario igual a la canasta básica para el cargo testigo, actualizado mensualmente y de manera automática, por el pago de todo lo adeudado, por la defensa de las jubilaciones y todos nuestros reclamos.