La muerte del obrero Diego Martínez, ocurrida según denunciaron sus compañeros debido a la desidia de Metrovías, obtuvo un primer avance en el camino hacia la justicia cuando el tribunal de segunda instancia llamó a indagatoria a funcionarios jerárquicos de la empresa y anuló el fallo que los había absuelto de culpa y cargo.

Martínez había fallecido en 2012 luego de que fuera a trabajar a la zona de la soldadora eléctrica, a cuyo cable le faltaba el aislante de protección que cubre el cobre por donde se conduce la electricidad, razón por la cual recibió una descarga eléctrica que terminó matándolo. El fallo en primera instancia había absuelto sin que se realizara ningún peritaje a Jorge Pérez, Gabriel Rizzo, Walter Di Sanzo, Eduardo Zerbo, Francisco Siraguza y Fernando Franze, jerárquicos de la compañía.  

“Es un primer paso para que se realice justicia por Diego”, dice Christian Paletti, delegado de los talleres San José y miembro de la agrupación Naranja. “La absolución en primera instancia se había realizado sin que se hicieran las pericias correspondientes. Sólo ante la presión de la familia, los trabajadores y el sindicato se logró el peritaje y entonces a la Justicia no le quedó otra que llamar a indagatoria a los funcionarios de Metrovías”.

La situación de inseguridad en las condiciones laborales es una constante en la empresa del subterráneo. “Estas últimas semanas las inspecciones de la policía de trabajo reafirmaron estas condiciones de inseguridad en los talleres y mostraron la desidia de las empresas Metrovías y Sbase, que es el contralor estatal y dueño de la operatoria del subte”, agrega Paletti. “Tenemos que seguir hasta el final para que se condene a los culpables de la muerte de Diego Martínez y seguir con la lucha por justicia por los otros tres compañeros fallecidos por negligencia patrona, y por las decenas de electrocutados y heridos por las condiciones de inseguridad laboral que imperan en el subte”.

Las últimas inspecciones de la Policía de Trabajo de la Dirección General de Protección de Trabajo del Gobierno de la Ciudad comprobaron las graves faltas que comete la empresa y determinaron multas a la compañía. Cristian Pérez, que fungía como gerente de Seguridad e Higiene, Salud Laboral y Capacitación, fue apartado de sus funciones. El reclamo por condiciones de seguridad para trabajadores y usuarios se mantiene más vigente que nunca.