La inscripción como sindicato, objetivo tenazmente perseguido por los luchadores del subte, fue adulterada descaradamente por el ministro Tomada. Efectivamente, dicha inscripción se realizó bajo la modalidad de sindicato "de empresa", lo que lo inhabilita para obtener la personería gremial mientras exista la UTA en la misma actividad (ley de asociaciones sindicales); contra el pedido de inscripción como sindicato "de actividad". Teniendo en cuenta que la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro cuenta con cerca del 90% de la afiliación de los trabajadores, estamos ante una clara provocación política. El régimen K ha decidido mantener, indefinidamente, el tutelaje de la burocracia de la UTA sobre una masa de trabajadores que votó expresamente dejar de pertenecer a esa organización.

El destino de los reclamos elementales del subterráneo -como el salario, las condiciones de trabajo, el personal y los ascensos correspondientes a la mejora del servicio, la seguridad, el régimen jubilatorio correspondiente a las condiciones de insalubridad- queda así postergado y sometido al contubernio de la UTA y la patronal de Roggio, en tanto no se reconoce a la organización que detenta la representatividad mayoritaria de los afectados. Por eso, la Agrupación Trabajadores de Metrovías ha levantado el planteo de la necesidad de un plan de acción, con paro y movilización, si el Ministerio no rectifica el encuadramiento tan arteramente introducido.

En el último plenario de delegados, de escasa convocatoria, esta posición fue en principio desestimada por la mayoría relativa, que responde a la fracción Yasky de la fracturada CTA. Su postura es que bastaría con la apelación legal de la medida -esto cuando los asesores legales informaron que una insistencia de Tomada en su resolución derivaría en un trámite de apelación a la Suprema Corte, que podría estirarse por cuatro años y con final incierto. Esta posición, para quienes de verdad defiendan la conquista de un sindicato independiente y antiburocrático, sólo es explicable como un acto de subordinación a la estrategia de pacto social que impulsa el régimen K, para garantizar una falsa paz social a expensas de las reivindicaciones obreras. Política que tuvo como antecedente el intento -frustrado- de forzar la entrada de la AGTSyP a la CTA. Al momento, por ejemplo, está planteado el pase a planta de Metrovías de los sectores tercerizados que aún quedan de CAF (talleres) y Metropolitana (seguridad).

En el subte se ha profundizado así una fuerte lucha política sobre el destino de la organización de este sector combativo de la clase obrera. Las asambleas de las líneas tienen que tomar la palabra y abrir el debate.