El largo conflicto por la presencia en el subte de asbesto, una sustancia cancerígena, ha vuelto a agudizarse con la detección de la misma en más unidades a mediados de mayo. Los trabajadores del Taller Rancagua, de la Línea B, tomaron la saludable decisión de no trabajar sobre las mismas.

En este cuadro, y tras reunirse con los operarios de taller y tráfico de la Línea B, el legislador Gabriel Solano del PO-FIT presentó esta semana en la Legislatura un pedido de informe al gobierno de la Ciudad sobre el tema y las acciones que se hayan encarado. La comisión mixta de empresa, gobierno y gremios no ha pasado de los pases de factura, sin llegar siquiera a reconocer oficialmente la contaminación.

La contaminación del subte con fibras de asbesto, más que en un conflicto gremial, se ha trasformado en un tema de salud pública. Se trata de una sustancia que se deshace con el uso, en microfibras cuya distribución espacial no se quiere investigar, pero se sospecha que puede estar, además de los talleres y las formaciones, en túneles y estaciones. Está probado que su depósito en el pulmón y otros tejidos humanos, puede producir enfermedades graves incluyendo el cáncer, luego de decenios desde su exposición.

La manipulación y el uso de asbesto (o amianto) han sido, por eso, prohibidos por la legislación laboral de casi todos los países, incluyendo el nuestro. Se ha probado que varios casos de muertes por cáncer de trabajadores del subte de Madrid tuvieron esta causa. El gobierno de la Ciudad y Metrovías se han limitado a retirar de circulación algunas formaciones importadas de esa ciudad, pero hasta el día de hoy no reconocen la presencia del asbesto. Por ende tampoco han presentado un plan de desabestización del subte, que debe ser el punto de partida para el reemplazo de las piezas que lo contienen, de las formaciones completas en caso de ser necesario y de la detección y limpieza en el resto de la red. El motivo es muy claro: se busca evitar tanto la inversión correspondiente como sentar precedente para los juicios por enfermedad laboral que puedan producirse. También ocultar la responsabilidad del macrismo por la compra de material contaminado – además de obsoleto – a precio de 0km. Roban recursos públicos y atentan contra la salud de trabajadores y usuarios.

Quedó, una vez más, en manos de los trabajadores y su sindicato AGTSyP, las denuncias y la iniciativa de enviar muestras a lugares especializados para detección de asbesto. Ya se obtuvieron positivos para una docena de piezas del material rodante. Además se gestionó el chequeo médico de los trabajadores que, lentamente, ha comenzado.

Ahora, tras la resolución de los trabajadores de la Línea B, la falta de soluciones por parte del gobierno y la empresa está retrasando la reparación de las formaciones que deberían volver a la línea y, a su turno, el propio funcionamiento de la misma. Los trenes Mitsubishi de esa línea han dado ampliamente positivos para las pruebas de asbesto, y se sospecha que el resto de las formaciones de casi todas las marcas también.

La postura del gobierno de Larreta y de Metrovías, es que se trabaje con protocolos de protección sobre piezas contaminadas. Pero suponiendo que fuera efectivo, no resuelve el hecho de que el amianto de esas piezas seguirá distribuyéndose por las formaciones, los túneles e instalaciones.

La agrupación Naranja del Subte apoya la posición de los delegados de la línea B y su taller, cuando exigen que cualquier medida que se tome debe partir de la presentación patronal de un programa de desabestización general, por empresa especializada, con sus etapas y plazos. Y que los trabajadores deben tener un control directo de su cumplimiento.

La AGTSyP debe tomar como propia esa exigencia y encarar una campaña pública de esclarecimiento. Los planteos de “evitar la psicosis colectiva” o “ir paso a paso” son atendibles, pero tienen un límite muy claro: la salud y la vida de trabajadores y usuarios.