-¿De qué los acusan?

-Originalmente, de haber tomado una medida gremial contra unas sanciones arbitrarias que nos aplicaron a compañeros que faltamos por donación de sangre, habiendo cumplido con todas las normas nacionales que rigen ese derecho. 

Luego, por intervención de oficio de una fiscal, agregaron a la causa -que lleva 200 fojas- un paro de 36 horas anunciado por paritarias y un paro de la Línea D, hechos en los que no tuvimos ninguna intervención.

-¿Qué se resolvió en esta instancia?

-La jueza no hizo lugar al pedido de anulación de la causa Subte-Taller San José, presentada por nuestra abogada Andrea Folgueras y la elevó a juicio. La fiscalía intervino diciendo que el transporte público de subte es un servicio esencial y no se puede afectar.

Si bien la ley 4472, que regula la actividad, no lo define como servicio esencial, su articulado sancionatorio, suficientemente ambiguo -artículos 21 a 24- multan la “obstaculización o interferencia” del servicio o de la recaudación.

Se consideran infracciones administrativas graves, sin perjuicio de las figuras penales que puedan corresponder. Como de esas sanciones está exento “el ejercicio regular del derecho de huelga”, los fiscales echan mano de otra disposición -art. 20- que obliga a notificar medidas gremiales con 48 horas de anticipación, algo en muchos casos incumplible.

-¿Hay otros trabajadores o sectores afectados?

-Hay 35 trabajadores, delegados y activistas en distintas etapas de juicios. Entre ellos los que tomaron una medida solidaria con los petroleros perseguidos de Las Heras. 

En ese juicio, en primera instancia hubo un fallo a favor de los trabajadores y la patronal apeló a la Cámara. Van a fondo. En el subte es un desfile el de los activistas por tribunales.

-¿Qué actitud ha adoptado el sindicato AGTSyP?

-El sindicato no ha hecho nada como organización, ni medidas de repudio ni campaña de ninguna especie. La directiva se ha limitado a ofrecer asesoramiento legal y hacerse cargo del pago de las multas que surjan.

Desde la Agrupación Naranja hemos denunciado sistemáticamente esta actitud y reclamado una acción general del sindicato contra la represión del macrismo en el subte, que apunta a imponer planes de racionalización y reducción de personal.

También hemos caracterizado que la inacción de esta conducción responde al hecho de haber compartido como parte del kirchnerismo, la aprobación de la ley 4472, incluso la redacción de la misma, en íntima colaboración con el PRO. Fue cuando Cristina dio la orden de pasarle el subte a Macri.

-¿Querés agregar algo más?

-Es imprescindible, para liberar a la AGTSyP de este cepo judicial, que le ata las manos, encarar una acción decidida contra la represión a la acción gremial. La legislación represiva que lo permite, debe ser derogada.

Si la directiva mantiene su actitud actual, corresponde que los delegados que se consideren democráticos e independientes, tomen en sus manos una campaña activa lo antes posible.