Ante la negativa de Metrovías –con acuerdo del gobierno macrista– de firmar el protocolo de seguridad eléctrica y el plan de inversiones para prevenir accidentes laborales, queda en manos de los trabajadores la imposición de condiciones de seguridad mediante la acción gremial. Es el modo de evitar pagar con nuevas muertes o lesiones de los compañeros la negligencia criminal de la patronal en la materia.

Esa es la posición que difunde la Naranja del Subte ante los últimos acontecimientos.

En el acta de la reunión mantenida el miércoles 21, la representación de AGTSyP dejó fijado que a partir de ese momento se retendrían las tareas que impliquen condiciones riesgosas, resolución que debe ser refrendada y organizada por el cuerpo de delegados y la conducción del gremio y que en ningún caso debe ser interpretada como una delegación de responsabilidad en los compañeros de base o delegados de sector.

Por el contrario, una comisión de delegados y directivos electa deberá ejecutar la resolución, reclamar al responsable jerárquico del sector y a los encargados de seguridad que solucionen el problema y garantizar que no se reanude el trabajo hasta que no se haya concretado. Llegan informes que dicen que la retención de tareas ante riesgos evidentes se ha comenzado a aplicar por parte de los compañeros en algunos talleres. También los trabajadores por su propia cuenta han comenzado a implementar las normas más elementales del protocolo para el corte y reposición de corriente eléctrica propuesto por la parte obrera.

Intereses

La cuestión del control por parte de los trabajadores de la seguridad en el trabajo pega en el centro de los intereses patronales. En la mencionada reunión del 21, la empresa declaró que esperaba el pronto veto presidencial a una reciente reforma de la Ley de Contrato de Trabajo, que dictamina que un trabajador puede negarse a realizar tareas riesgosas, sin que por ello se le modifique su sueldo. Se trata de un lobby de toda la patronal, que viene actuando a favor de la máxima precarización del trabajo, no sólo bajo este gobierno, sino de los anteriores, donde estas condiciones de precarización se cobraron decenas de muertes, cinco de ellas en el subte en 6 años.

Está claro que el articulado de una ley no hará que los trabajadores, individualmente, salgan a denunciar a sus patronales, especialmente bajo el grado de complicidad de las burocracias sindicales con la burguesía. Pero su sola formulación hace temer a las patronales que su uso por sectores organizados del movimiento obrero apuntale grandes conflictos que están en el ambiente al calor de ofensivas como la de la reforma de la ley de ART, la flexibilización laboral o los convenios por productividad. Medidas todas ellas con grandes consecuencias en la siniestralidad creciente del trabajo.

Por eso, en el subte y en todos lados, la imposición de las condiciones elementales de seguridad se jugará en escenarios conflictivos y de luchas, que deberán superar las limitaciones de conducciones burocráticas. O centroizquierdistas, como la del subte, para las que la lucha por el control obrero está fuera de radar. En ese camino, la retención de tareas riesgosas por la parte obrera en el subte conducirá, seguramente, a una lucha más general que pondrá a prueba la integridad e independencia política del activismo actuante.

Ante la convocatoria en curso al cuerpo de delgados y a un plenario de delegados de talleres para tratar el tema, la Naranja del Subte ha propuesto que se vote: 1) La implementación de la retención de cualquier tarea riesgosa en tanto no se implemente el protocolo e inversiones conexas. Y su organización y ejecución desde la propia conducción del sindicato. 2) Que se elija una comisión de seguridad de la AGTSyP que incorpore a directivos y delegados de talleres, que actúen de oficio ante el conocimiento de un trabajo peligroso o la denuncia de compañeros de cualquier sector. 3) Que se resuelvan medidas de acción directa dirigidas a vencer la resistencia patronal a estos reclamos.