La situación de los metalúrgicos en Córdoba es crítica. El sindicato seccional ha reconocido que se han producido 350 despidos en lo que va del año y más de 1.200 compañeros pueden perder su trabajo en el período inmediato. La mayoría de las empresas enfrentan suspensiones y despidos, o directamente el cierre.

 

En Valeo se ha impuesto una suspensión ilegal de dos días por semana hasta septiembre, con una supuesta garantía de no despedir. También Venturi se encuentra con suspensiones. En Materfer, los trabajadores enfrentan la persecución patronal que ha despedido 40 trabajadores en la última semana.

 

En Allevard Rejna se hicieron pasar los despidos de 14 compañeros pagando doble indemnización, luego que se parara la planta y se dictara la conciliación obligatoria con los despedidos adentro. En Efacec se cerró la planta a fines del año pasado, también con indemnizaciones incrementadas, previo a la intervención ilegal de la guardia de Infantería militarizando la planta.

 

Todo el proceso de despidos y suspensiones fue impuesto por el gobierno provincial y la dirección de UOM seccional Córdoba, referenciada políticamente con ese gobierno y enfrentada a la UOM nacional. Desde el Ministerio de Trabajo provincial y la conducción sindical se desarrollan todas las maniobras para imponer esta política, llegando al extremo de desconocer la legitimación de los delegados obreros combativos para defender a sus compañeros.

 

Cuando esto falla, aparece la fuerza policial ocupando las plantas como sucedió en Allevard y en Efacec.

 

El actual gobernador, Juan Schiaretti, y el anterior, José Manuel De la Sota, se han negado sistemáticamente a tratar siquiera la ley de prohibición de despidos y suspensiones presentada por los legisladores del Partido Obrero y el Frente de Izquierda. El secretario general de la UOM Córdoba, Rubén Urbano, lejos de resistir los despidos, los impulsa, como lo denunciaron los trabajadores de Materfer.

 

Los compañeros de RAR que han conformado una cooperativa y siguen luchando por la reapertura de la planta, han dejado en claro quiénes son los responsables del vaciamiento, los despidos, la falta de pago de las indemnizaciones y el cierre del establecimiento.

 

Luego de conseguir que la Legislatura se pronunciara por la continuidad, desde los ministerios de Trabajo y de Industria provinciales no se llevó adelante ninguna iniciativa en ese sentido; al contrario, se trata de extorsionar a los compañeros, para que retiren los recursos legales que impusieron en la quiebra. Urbano no ha tomado la más mínima iniciativa que defienda la lucha de RAR.

 

El panorama es negro, si se tiene en cuenta que los gobiernos de Macri y Schiaretti están empeñados en trasladarle la crisis a los trabajadores, tomando medidas que acentúan la recesión y el parate industrial, como es la liberación de importaciones o el haber contratado empresas chinas y brasileñas para construir los gasoductos en Córdoba, con materia prima e insumos producidos en el exterior.

 

El “plan de lucha” de UOM nacional, en Córdoba ni siquiera arrancó. Ahora, Urbano ha convocado a movilizarse el próximo 12 de mayo. La medida puede no realizarse porque la burocracia de Caló plantea un 35% en cuotas y las patronales el 32%, por supuesto, en cuotas. En ese supuesto, Urbano tampoco lo sostendrá. El enfrentamiento entre Caló y Urbano se da sólo cuando se defienden los intereses de los capitalistas.

 

Un extendido activismo viene luchando en las principales plantas, contra despidos y suspensiones y la persecución política y sindical del gobierno y la burocracia. Ese activismo incluso sostiene una importante presencia en los cuerpos de delegados. Su unidad y acción común puede ser determinante.

 

Están dadas todas las condiciones para que madure una medida general, unificada. Es necesario un plan de lucha por el 40% de aumento salarial en una sola cuota, por el salario mínimo igual al costo de la canasta familiar y para terminar con los despidos y por la reapertura de RAR. Planteamos que se convoque a los trabajadores a asambleas por fábrica y al congreso de delegados con mandato para decidir un plan de lucha.