La mayoría de la Comisión Directiva de SOETC (Sindicato Telefónicos de Córdoba) expulsó del sindicato a los compañeros Gómez y Sosa. Ambos habían sido elegidos para ocupar la secretaría de Organización y una vocalía, respectivamente, en las últi­mas elecciones del gremio (diciembre '90). En aquella oportunidad, una lista única de la oposición (encabezada por el PC, con mili­tantes del Mas, PO y radicales) derrotó a Ve­nencia, un ex guillanista-menemista.

La directiva “izquierdista" expulsó a los compañeros, argumentando "deslealtad” por no haber aprobado un balance plagado de irregularidades. En el breve plazo trans­currido desde su elección, esta directiva se ha transformado en abiertamente pro-patronal, aceptando que los salarios queden supeditados a los premios a la productividad y al apoyar la política de la “propiedad par­ticipada” (que pretende la colaboración permanente de los trabajadores con la patronal del Morgan y el Citibank) con el agregado de haberse incorporado al recla­mo de que el sindicato asuma el carácter de propietario y de que la burocracia maneje los fondos de las acciones obreras —con una comisión del 2%.

Con la expulsión, la Comisión Directiva sirve en bandeja a los compañeros a la patronal para su despido. Coincidentemente con la expulsión de Gómez y Sosa, la empresa inició en la Justicia el pedido de desafuero para despedir al secretario gre­mial, Piñón (Mas), y a cuatro delegados de Tráfico por haber realizado una asamblea de 10 minutos frente a los atropellos e inti­midaciones de los supervisores. El sindica­to colaboró en la querella al suspender a Piñón en sus funciones, quitarle el permiso gremial y desautorizar públicamente la asamblea de Tráfico, calificada como “una medida 'petardista'”. La Comisión Direc­tiva izquierdista ha pasado a cumplir las funciones policiales típicas de una burocra­cia. Días antes de la asamblea convocada para expulsar a los compañeros, la Comi­sión Directiva fue recibida en audiencia por el gobernador Angeloz (algo que éste le niega a los empleados públicos desde hace dos años), por el bloque de diputados del PJ y hasta por el cardenal Primatesta.

El motivo alegado fue solicitar apoyo para un reclamo salarial, pero el recibimien­to fue un claro apoyo político a esta burocra­cia, en particular cuando se piensa que el gobierno es más “duro” contra el aumento salarial que la propia patronal.

El secretario general de los represores, Daniel Sánchez, es miembro del Comité Central del partido comunista. Pero tampo­co el PC, Patria Libre o cualquier otro grupo de “centroizquierda” rechazó las expul­siones ni tampoco lo hicieron los “sindica­tos combativos”. Para una corriente políti­ca que lucha contra la posibilidad de un go­bierno de trabajadores y de la dictadura del proletariado en nombre de los “valores uni­versales” de la “democracia”, esta con­ducta no deja de ser reveladora.

Daniel Sánchez y sus cómplices de la Comisión Directiva convocaron a una asamblea para legitimar la expulsión previa­mente ejecutada de Gómez y Sosa. Para asegurarse el resultado de la asamblea, los burócratas izquierdistas la convocaron en forma antiestatutaria y además compraron el voto de muchos asistentes mediante el otorgamiento de préstamos personales y mayores licencias gremiales. A la asamblea solo concurrieron 182 afiliados (muchos menos de los estatutariamente necesarios), de los cuales 99 votaron la moción de expul­sión, 28 se abstuvieron y 54 votaron en contra (los votos en contra y las abstencio­nes reunieron al 45% de los asistentes). El ministerio de Trabajo menemista además de aceptar la irregularidad de la convocato­ria envió tres veedores que permanente­mente le indicaban a Sánchez como debía actuar.

El “comunista” Sánchez y sus secua­ces se han convertido en una herramienta de la patronal y la burocracia central de Foetra. Sin embargo, la asamblea, las expresiones de repudio, como la firma de un repudio por más de 200 compañeros y la condena posterior revelaron que la base de la fracción de Sánchez y López (radical) ha quedado reducida a dos secciones, a ex­azules y a elementos corrompidos. El acti­vismo, los delegados antipatronales y anti­burocráticos se alinearon contra la directiva.