Sindicales
14/8/2026
Tierra del Fuego: 12 días de huelga docente
Contra la oferta salarial miserable del gobernador Melella.
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La docencia combativa de Tierra del Fuego transita la segunda semana de una huelga por tiempo indeterminado que ya cumple casi 12 días, ratificada por el mandato soberano de las asambleas de bases que mantienen paralizadas las escuelas estatales.
La medida de lucha dio inicio el pasado 3 de agosto tras la finalización del receso invernal. Organizados en el Sutef (Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación Fueguina), las y los trabajadores de la educación sostienen un acatamiento superior al 80%, el cual es acompañado por diversas acciones de lucha como movilizaciones, acampes frente a la Casa de Gobierno y permanencias en dependencias del Ministerio de Educación en Ushuaia, Río Grande y Tolhuin. El conflicto se profundizó tras el reciente fracaso de la mesa paritaria con el Ejecutivo provincial, debido al rechazo del gremio docente ante una oferta salarial que consideran una verdadera burla para la docencia por sus dos alternativas insuficientes.
La primera opción consiste en un insultante incremento del 1,9% al valor índice recién para el mes de agosto, una cifra que profundiza el congelamiento y la pérdida del poder adquisitivo frente a la inflación. La segunda alternativa no es mejor: pretende elevar el ítem Foid a $100.000, una suma fija miserable que achata la escala salarial y no impacta en el básico ni en la antigüedad. Para colmo de males, el Ejecutivo pretende consolidar una estafa histórica con los salarios ya adeudados. El cronograma oficial propone patear el pago de las deudas de 2025 para fines de este año: la cuota de septiembre de 2025 se pagaría en la tercera semana de septiembre; la de octubre de 2025, en octubre; y la de noviembre de 2025, recién en la tercera semana de noviembre. Se trata de una licuación criminal de los ingresos docentes, devolviendo pesos devaluados un año más tarde.
En las calles, las y los docentes reclaman una recomposición salarial de forma urgente ante la licuación de sus ingresos. Específicamente, solicitan un salario mínimo de $3.000.352, fijando un piso equivalente a la canasta básica patagónica frente a un básico inicial que hoy apenas roza los $1.187.000, ubicándolos en la línea de la indigencia. Asimismo, exigen poner fin a los descuentos por huelga, denunciando las quitas salariales del gobierno como un método extorsivo de disciplinamiento. Finalmente, demandan financiamiento y desendeudamiento mediante el tratamiento inmediato de la Ley de Financiamiento Educativo y la aplicación de un plan de contingencia frente al endeudamiento forzoso que hoy sufren las familias trabajadoras.
El gobernador Gustavo Melella (PJ-Forja) actúa como el brazo ejecutor del ajuste en la provincia. Clava un techo paritario bajo la excusa del déficit fiscal provocado por la quita del Fonid por parte del gobierno nacional de Javier Milei. Sin embargo, su gestión elige descargar la crisis sobre los estatales mientras blinda los subsidios a las grandes patronales de la isla. A este cuadro de miseria salarial se suma un colapso edilicio total. Un reciente dictamen de la Fiscalía de Estado intimó penalmente al ministro de Educación, Pablo López Silva, desnudando que su cartera ignoró las alertas técnicas y montó un simulacro de mantenimiento, dejando decenas de escuelas y jardines sin gas, calefacción ni agua. Este derrumbe social, fogoneado por el ataque mediático oficial a la huelga, derivó en graves episodios de violencia física y verbal de algunos padres hacia la docencia.
La ofensiva del gobierno de Javier Milei y los bloques libertarios contra los trabajadores de la educación ha ingresado en una fase de abierta provocación y persecución estatal. Con la saña que caracteriza a quienes buscan descargar un ajuste fiscal brutal sobre las espaldas del pueblo trabajador, La Libertad Avanza despliega una doble pinza contra la docencia: por un lado, la farsa de declarar a la educación como un "servicio estratégico esencial" -un artilugio legal para regimentar y liquidar de facto el derecho constitucional a la huelga-; por el otro, la puesta en marcha de un aparato de "inspecciones" represivas en los establecimientos, destinado a amedrentar a directivos y docentes para quebrar la organización gremial. Esta línea persecutoria tiene sus abanderados en las provincias. En Tierra del Fuego, el diputado nacional libertario Miguel Rodríguez se ha convertido en el vocero de la patronal, atacando furiosamente los paros convocados por el Sutef y pretendiendo culpabilizar a la docencia por el derrumbe educativo, mientras encubre el desbocado plan de miseria salarial y la quita de los fondos nacionales como el Fonid.
Esencialidad: la ilegalidad al servicio de las patronales y el FMI
La ofensiva parlamentaria que impulsa el bloque de La Libertad Avanza -amparada en la Ley de Modernización Laboral y replicada por legisladores provinciales como Natalia Gracianía y Luciano Selzer en el sur- pretende forzar una "guardia mínima" del 75% de prestación habitual durante los días de huelga.
No les interesa el "derecho a aprender" de los hijos de la clase obrera, a quienes someten al hambre con la destrucción de los comedores escolares y el presupuesto de infraestructura. Su único propósito es anular la huelga, la única herramienta histórica que poseen los trabajadores para defenderse de la pulverización de sus salarios.
El fracaso de las inspecciones y la "apretada ministerial"
La puesta en marcha de operativos de control por parte del Ministerio de Capital Humano, bajo las órdenes de Sandra Pettovello, constituye un salto institucional en los métodos de disciplinamiento laboral.
En la última medida de fuerza nacional, el gobierno pretendió montar un esquema de espionaje y control directo, enviando inspectores a fiscalizar el ausentismo en los colegios públicos. Sin embargo, la tentativa oficial chocó contra los trabajadores de la educación. Con las dependencias de fiscalización laboral previamente desmanteladas por el propio ajuste oficial, el gobierno tuvo que recurrir a funcionarios improvisados que fueron rechazados por los equipos directivos y la docencia, firmemente respaldados por las organizaciones gremiales combativas.
El activismo docente desnudó la ilegalidad de la maniobra de Pettovello: en las escuelas no hay lugar para la policía del presentismo de un gobierno que somete a los educadores a salarios de indigencia. La provincia de Tierra del Fuego es parte de una larga lista en donde se desata el ajuste de Milei en complicidad con los distintos gobernadores, el FMI y las patronales.
