El gobierno ajustador de la kirchnerista Rosana Bertone ha decidido sentarse, mediante el ministro de Gobierno Gastón Díaz, en una mesa de “negociación”. 

 

Luego del gran paro del pasado 18M, acompañado con movilizaciones en Ushuaia y Río Grande, la marcha de antorchas del día viernes 20 en ambas ciudades, con una gran concurrencia,  y la trascendencia del conflicto por la represión y detención de los compañeros llevó al gobierno a decidir abrir la puerta para “dialogar”. 

 

El gobierno provincial ya se encontraba discutiendo en una “mesa técnica” con los gremios que se encuentran fuera de la Unión de Gremios, los cuales habían decidido abandonar el Acampe y levantar el paro -o nunca lo habían declarado. Esa mesa produjo un acta donde no se defiende la no separación de la caja, la defensa del 82 % para los jubilados, la modificación del cálculo del haber a los últimos dos años de carrera administrativa ni el fin del descuento “solidario”. El problema de la mesa es que no ha logrado avanzar por dos razones: más de 20 entidades sindicales no formaban parte de ella y continúan con las medidas, además, todo lo que se firmó no se ha concretado.

 

El lunes sucedieron dos hechos que hacen notar la intención del gobierno de mantener el ajuste a fondo, el primero de ellos sucedió por la mañana donde la Legisladora Freites, del bloque del FPV, manifestó frente al sector docente que las leyes solo se reglamentarían y que no habría derogación.

 

Por otra parte los jubilados auto convocados llevaron adelante una reunión en la Casa de Gobierno.

 

Por último y más relevante el gobierno decidió convocar a la Unión de Gremios a una reunión el martes a última hora. En la misma se planteó el ingreso de todas las entidades sindicales independientemente de la situación que revisten. Se plantearon puntos similares de discusión, no sin antes hacer referencia a los compañeros detenidos y privados parcialmente de su libertad, que la negociación sea vinculante y que a diferencia de la “mesa técnica” el ámbito de discusión no sea solo la ley 1068 sino todas las leyes que fueran aprobadas el 8 y 9 de enero y que avasallan una enorme cantidad de derechos sobre el pueblo trabajador y plantean un ajuste profundo. En la medida en que no se avance de manera concreta en al menos tres encuentros se continuará con las medidas de acción directa.

 

El plan de lucha continua más vigente que nunca, el jueves 26M está planteado un nuevo paro provincial con movilización, el viernes 27M la marcha de antorchas, la semana entrante la presentación del “amicus curiae” y para el 1º de junio está planteada una enorme movilización convocada también por sectores privados como la UOM y Petroleros contra el ajuste.