Han pasado más de 36 días de paro provincial por parte de la enorme mayoría de gremios estatales y el gobierno K de Rosana Bertone no ha logrado quebrar la lucha.

 

Los estatales fueguinos han apelado a paros, movilizaciones, piquetes, cortes de ruta, acampes y demás medidas. Tal es así que el pasado jueves se logró obtener la aprobación del proyecto de ley, mediante la iniciativa popular, de la derogación de todas las leyes de ajuste. Luego de tan solo cuatro días, donde el clima realmente no acompañó, se lograron superar las diez mil firmas que se establecía como requisito. El lunes por la noche en la asamblea el clima era de satisfacción ya que se había logrado muchísimo acompañamiento por parte de la población, formándose filas de hasta media cuadra para poder firmar las planillas por la derogación.

 

Al mismo tiempo, la unión de gremios lograba arrancarle una mesa de diálogo a los legisladores de la oposición, radicales y el MPF. Hay que agregar que a esta reunión se sumó un legislador “arrepentido” del FpV.

 

Respuesta del régimen

 

Ante la avanzada obrera el gobierno decidió dar su propia respuesta. El martes a las 8 de la mañana, en un tiempo record, el juzgado que anteriormente había dado curso a la iniciativa popular decidió intempestivamente declarar “sustancialmente inadmisible” el proyecto. Esta incoherencia denotó que el Poder Judicial se encuentra al servicio del gobierno K. Hay que recordar que a mediados del año pasado, en pleno inicio del juicio a los docentes y camioneros y en la transición entre Rios y Bertone, aparecieron 90 millones de pesos de un Estado supuestamente quebrado para la construcción del edificio del Poder Judicial.

 

El mismo día martes por la tarde se volvió a desarrollar la mesa de “dialogo” y análisis de las leyes y quedó en claro que era una maniobra de los legisladores para desviar el eje y desgastar la lucha. En la mesa hubo legisladores que llegaron a pedir que se levantaran el paro y el acampe.

Luego de un cuarto intermedio los legisladores volvieron con una postura altanera, soberbia y hasta sobradora, donde lo único que señalaron fue que iban a recabar la información brindada durante las reuniones para “ver” si los convencíamos de modificar las leyes. Asimismo, dejaron sentada la postura de que la derogación y/o la suspensión del paquete de leyes no estaban en consideración. Una impostura luego de 36 días de acampe bajo la lluvia, la nieve y el frio y con estatales que han sufrido descuentos en sus haberes.

 

Conclusión política

 

Ha quedado demostrado que tanto la gobernadora, los legisladores como el poder judicial confluyen en los mismos intereses de clase. Hoy su interés máximo es hacer pasar este ajuste brutal contra la clase trabajadora. Los tres poderes han tomado una postura: el Ejecutivo envió el paquete de leyes, los legisladores la votaron y hoy el poder judicial ante una iniciativa popular la rechaza de cuajo, demostrando su parcialidad.

Los trabajadores debemos profundizar el plan de lucha por la derogación del paquete de leyes de ajuste, la reincorporación de los despedidos, el pase a planta de los PEL y así torcerle el brazo al gobierno.