Tierra del Fuego: despidos en BGH y Solnik

La ofensiva contra el empleo fabril se acelera en Río Grande, epicentro de la electrónica nacional. Grandes empresas del sector activan planes de reducción de planta, suspensiones temporales y nuevas oleadas de despidos, trasladando todo el peso de la crisis económica sobre los trabajadores metalúrgicos. Esto se enmarca en la política de apertura importadora y desregulación impulsada por el gobierno nacional, que viene desmantelando las condiciones que sostuvieron la producción fueguina durante décadas. La primera gran señal de alerta pública llegó desde la firma BGH, del grupo económico de la familia Garfunkel. En una reunión formal con el cuerpo de delegados de la UOM realizada la primera semana de noviembre, la empresa comunicó su decisión de desvincular a 250 operarios (más del 40 % de su plantilla de 600 personas) con fecha de ejecución para el próximo 15 de diciembre. La noticia generó fuerte zozobra, ya que gran parte de esas familias no cuentan con ahorros ni alternativas laborales inmediatas en la zona.

Falsos retiros voluntarios y tercerización: cómo se oculta el desmantelamiento

Para disimular la magnitud del recorte, la gerencia de BGH abrió hasta el 15 de diciembre un régimen denominado “retiros voluntarios”, que propone indemnizaciones fraccionadas en hasta cinco cuotas mensuales. Este mecanismo implica una pérdida considerable del valor real de los derechos laborales acumulados por años de trabajo. Al no establecer salvaguardias si no se alcanza el cupo de salidas que busca la patronal, las bases advierten que, de no haber suficientes renuncias, se aplicarán despidos forzosos.

Paralelamente, la UOM presentó denuncias formales ante la Subsecretaría de Trabajo provincial alertando que BGH prepara una reestructuración productiva que incluye la tercerización de líneas de ensamblaje hacia la cooperativa sucesora de ex‑AUDIVIC, bajo modalidad a fasón. Este sistema reduce beneficios, elimina antigüedad y aumenta la carga laboral para quienes pasan a esa modalidad. Este no es el primer golpe de la empresa: ya en agosto de este año, poco después de reactivar sus líneas tras tres meses de paralización total por caída de pedidos, la compañía había despedido a 24 trabajadores de planta permanente. Aquella medida se enmarcó en la caída de más del 30 % interanual de las ventas de televisores, celulares y aires acondicionados, producto de la eliminación de aranceles dispuesta por la Secretaría de Desregulación que conduce Federico Sturzenegger. Entre enero y agosto de 2026, las importaciones de teléfonos inteligentes crecieron un 746,6 %, desplazando la producción local en beneficio de capitales extranjeros y grandes cadenas de comercialización.

Solnik S.A. Despidos arbitrarios y persecución gremial

En forma simultánea, Solnik S.A. (integrante del grupo Etercor, dedicada a la fabricación de componentes electrónicos para aires acondicionados y equipos de comunicación) abrió un nuevo frente de conflicto al notificar siete despidos de personal efectivo: cinco operarios de convenio UOM y dos supervisores agrupados en ASIMRA. Los delegados y las bases obreras coinciden en señalar que no se trata de una reorganización por causas productivas reales, sino de cesantías arbitrarias y persecutorias, presentadas bajo el rótulo genérico de “reestructuración interna”. El carácter antisindical se hizo visible en el caso de una trabajadora delegada de línea, que ya había sufrido presiones, traslados forzosos y amonestaciones sin fundamento por parte de la gerencia en meses anteriores. Los trabajadores no descartan que la empresa amplíe los despidos en las próximas semanas, aprovechando el clima de incertidumbre general.

Del derrumbe industrial a la emergencia social

El avance de estas medidas empresariales agrava una crisis social que ya alcanza niveles críticos en toda la provincia. Los registros del régimen de promoción industrial muestran una caída del 35 % del empleo fabril: de 10.033 puestos de trabajo en agosto de 2025 se pasó a solo 6.564 en agosto de 2026. Esto dejó sin sustento a 3.469 hogares en doce meses y transformó la desocupación temporal en un problema estructural que afecta la circulación económica de toda la isla.

Con la pérdida de empleos y la licuación constante de los salarios por inflación y devaluación, la demanda en comedores comunitarios y merenderos barriales crece sin pausa. Las organizaciones que sostienen las ollas populares denuncian la falta de insumos aportados por el Estado provincial y nacional, mientras las filas de familias que buscan un plato de comida diario se alargan cada día. A su vez, la imposibilidad de afrontar los altos alquileres después de los despidos generó una crisis habitacional sin precedentes: muchas familias viven en condiciones de hacinamiento en casillas sin servicios básicos, o deben pernoctar en vehículos o estructuras abandonadas para resistir las bajas temperaturas del invierno austral.

La complicidad política que habilita el vaciamiento

Este desmantelamiento industrial no ocurre por azar: cuenta con respaldo político explícito desde el ámbito nacional y pasividad cómplice en el plano provincial. El diputado nacional de La Libertad Avanza Miguel Rodríguez difundió declaraciones que buscan justificar los recortes, al sostener que los puestos generados por el régimen de promoción no serían “empleo genuino”. El legislador defendió la apertura importadora y reclamó menores controles y beneficios impositivos para empresas como el Grupo Mirgor, preparando el escenario para profundizar el desmantelamiento productivo.

Por su parte, la gestión del gobernador Gustavo Melella mantiene una postura de observación pasiva: ante el cierre de puestos y plantas, el poder provincial no activó planes de contingencia, ni controles efectivos sobre las patronales, ni medidas de protección para los trabajadores despedidos. Sus declaraciones públicas de rechazo al ajuste nacional se reducen a retórica, sin instrumentos concretos para frenarlo.

Los casos de BGH y Solnik demuestran que las acciones aisladas de las cúpulas sindicales resultan insuficientes ante un deterioro generalizado que pone en riesgo toda la estructura productiva regional. Las empresas electrónicas están violando el pacto de estabilidad laboral vigente hasta el 31 de diciembre, mientras las direcciones gremiales mantienen una tregua que deja desprotegidos a sus representados.

Por otro lado, la CGT en la provincia renovaron las regionales de Río Grande y Ushuaia, dejando al descubierto la descomposición de sus conducciones. En Río Grande, el congreso terminó atravesado por acusaciones de falsificación de firmas y disputas internas, luego de que un comunicado cuestionara al diputado Agustín Tita por impedir el tratamiento del rechazo al DNU 70/2023. En Ushuaia, se impuso una "lista de unidad" cerrada que desplazó a la UOM Ushuaia y dejó al frente de la central un bloque sindical dócil ante el ajuste municipal y provincial. El propio Ramón Calderón, del SOEM señaló como prioridad trabajar para el regreso del peronismo, mostrando asi el verdadero caracter de las burocracias sindicales. Esta "renovación de autoridades" demuestran que las estructuras cegetistas están completamente desvinculadas de la realidad de las fábricas, talleres y oficinas públicas. Hoy el parque industrial fueguino atraviesa una ofensiva simultánea en varios rubros: la industria electrónica avanza con despidos bajo figuras precarias como la Prestación Permanente Discontinua (PPD) y contratos de plazo fijo, mientras el sector textil (con casos como la firma Australtex) enfrenta cierres y cesantías tras la eliminación del régimen de zona desfavorable que lo protegía de la competencia importada. A esto se suma la inflación persistente, que reduce día a día el poder adquisitivo de salarios que ya se acercan a niveles de indigencia. Mientras todo esto ocurre, los jerarcas sindicales se dedican a disputar cargos o a planificar campañas partidarias, sin dar respuesta a las necesidades más urgentes de la comunidad trabajadora.

Ante este escenario, se vuelve indispensable fortalecer las agrupaciones clasistas en todos los sectores: trabajadores de electrónica, textiles, estatales y municipales de todo el territorio provincial. Desde el Partido Obrero en el FIT‑U y junto a la Coordinadora Sindical Clasista sostenemos que la única salida para las y los trabajadores fueguinos es desplazar esta burocracia mediante la autoorganización de las bases, la elección de delegados elegidos y controlados por los propios compañeros y la convocatoria a asambleas soberanas en toda la provincia. Es necesario impulsar de inmediato un plan de lucha y un paro general provincial para enfrentar los ataques de las patronales y la política de motosierra de Milei, el FMI y sus cómplices locales. La defensa de los puestos de trabajo, los salarios y la propia representación sindical requiere la intervención directa de las bases obreras, con organización independiente y unidad amplia en toda la isla.