Este 27 de agosto, el juez convocó la primera indagatoria de una lista de 39 docentes y camioneros por su participación en la movilización del 23 de mayo pasado. Aquel día, luego de una represión, los manifestantes ingresaron en la Casa de Gobierno y permanecieron durante casi una semana, hasta que se arrancó un aumento salarial del 42%. La primera citación fue al docente Alejandro Gómez. La acusación central contra él es "atentado y resistencia a la autoridad", la figura típica con la que se pretende criminalizar el derecho a protestar.

El Sutef (sindicato docente fueguino) convocó a paro y movilización para el día de la indagatoria. La marcha docente llegó a las puertas de los tribunales, fuertemente custodiados, acompañada por representaciones de gremios locales y la solidaridad de numerosas organizaciones docentes de todo el país. Se encontraban presentes Daniel Huth, el secretario general de Aten y candidato a Ctera, y Miguel Del Plá, en representación del Partido Obrero y de Tribuna Docente, entre otras delegaciones. Más tarde, llegó el secretario general de Ademys, Carlos Oroz. Entre los gremios locales, estuvieron los colectiveros de la Ucra, empleados públicos de ATE y de Afep, ATSA, CTA, cooperativa Renacer y los docentes de Tolhuin y Río Grande. El paro fue masivo y la movilización muy numerosa. Al finalizar, se realizó una olla popular en la sede gremial, en un marco de gran entusiasmo. En los próximos días, siguen las citaciones a compañeros camioneros y docentes, por lo que seguirán las movilizaciones por el cierre de esta causa, que intenta amordazar a los trabajadores. Varias radios y el canal local entrevistaron a las delegaciones participantes. Miguel Del Plá planteó en el acto el compromiso del Partido Obrero de luchar en todo el país por el cierre de esta causa, mientras clarificamos el carácter antiobrero del gobierno de Fabiana Ríos.

El gremio docente fueguino ha denunciado el ajuste que caracterizó a la gobernadora Fabiana Ríos desde 2007, lo que incluye el desfinanciamiento de la Caja de jubilaciones, los pagos en cuotas del aguinaldo y las negociaciones salariales a la baja -cuando no directos congelamientos de salarios, que han durado un año y medio.

Los trabajadores vienen denunciando hechos represivos, multas a los gremios, pedidos de desafuero y procesos a los trabajadores. Mientras ocurre esto, la gobernadora Ríos dirige un partido que participa de frentes con fuerzas políticas que se manifiestan de izquierda o combativas, como el MST o el PCR.

La situación política de la isla es extremadamente volátil. Ha ganado las elecciones el FVS en un cuadro de agotamiento, el cual hasta podría llevar a un juicio político a la gobernadora. Ha sido notoria la ausencia de alternativas de izquierda el 11 de agosto.

En este cuadro, es tema de conversación entre el activismo la necesidad de construir una alternativa política independiente desde la clase trabajadora. Los resultados nacionales del Frente de Izquierda han causado una viva impresión. Los compañeros que han roto con el PCR (todo el partido de la isla) se proponen constituir un partido legal en el orden provincial, sobre la base de la confluencia de varias agrupaciones sindicales y populares.

Está planteado un debate que naturalmente debe superar el marco provincial, mientras se profundizan las acciones solidarias contra la criminalización de la protesta en Tierra del Fuego.