Sindicales

24/11/2020

AJUSTE EDUCATIVO

Tierra del Fuego: no al ajuste salarial en la docencia

En Tierra del Fuego, los docentes están padeciendo un retroceso salarial enorme y un agravamiento en sus condiciones laborales como consecuencia del ajuste que aplica el gobernador Gustavo Melella (Frente de Todos). Por estas horas, una caravana se pronuncia en las calles para rechazar el irrisorio 10% de aumento salarial que ofrece el gobierno, equivalente a $3.000 y a cobrar recién en enero.

A principios de año se conquistó un aumento del 20% y la corrección de ítems distorsivos, que conminaba a que un docente con mayor carga horaria y antigüedad cobrara proporcionalmente menos. Pero por los aumentos de góndolas, tarifazos y devaluaciones, esta cifra quedó desactualizada a veinte puntos por debajo de la inflación anual y a cuarenta de la canasta básica familiar. En dicha negociación se pautaron las mesas de revisión trimestrales, que finalmente no fueron convocadas a pretexto de las contingencias y gastos generados por la pandemia.

Este nuevo episodio se suma a la batería ajustadora durante la era Macri (Cambiemos) y Rosana Bertone (actual Frente de Todos), sin apertura de paritarias durante cuatro años como coronación de una pérdida salarial del 22% con respecto de la variación de precios (Crítica Sur, 2/4).

La educación en tiempos de pandemia

Durante los meses pandémicos, el plan de continuidad pedagógica y la virtualidad forzosa que implementó el ministro de Educación, Nicolás Trotta, la precarización laboral y la sobrecarga de tareas docentes alcanzó su apogeo. La planificación del contenido pedagógico de presencial a virtual sin formación en tecnologías de Información y Comunicación (TICS), la nula centralización de los criterios evaluativos, las correcciones y un largo etcétera de problemas, condujo a un récord en la solicitud de licencias psicológicas y una puesta en riesgo de la salud por estrés laboral.

Esto intentó ser subsanado por un paliativo minúsculo: a cinco meses de comenzada la cuarentena, Analía Cubino, ministra de Educación provincial, otorgó un bono de $2.000 por única vez para cubrir un porcentaje mínimo de la tarifa de internet.

La UCR y su maniobra reaccionaria

Luego de ocho meses en silencio sin denunciar este cuadro de precarización ni el aumento en los índices de deserción estudiantil dado lo expulsivo de la virtualidad, reapareció la UCR. Federico Sciurano (exintendente de Ushuaia) presentó en la Legislatura un proyecto de ley que establece la emergencia educativa y considera a los docentes como trabajadores esenciales. Una maniobra reaccionaria que busca restringir su derecho a huelga, no casualmente cuando los docentes se organizan para la reapertura de paritarias, para establecer protocolos de salubridad e higiene aptos para la vuelta a clases presenciales o por mejoras edilicias. Además, cabe recalcar, que declarar la emergencia educativa en los términos que plantea la UCR, los de “terminar con la interrupción educativa provincial” (Tiempo Fueguino, 16/11), sería ningunear por completo el trabajo y esfuerzo de la docencia que sostuvo la cursada durante los meses de cuarentena.

La UCR intenta capitalizar a su favor la imagen popular negativa que sufre el Frente de Todos fueguino tras su pésima gestión sanitaria y económica durante la pandemia. Su única perspectiva es desmovilizar a los que luchan contra el ajuste y garantizar el pago de la deuda provincial.

Nuestro programa

Es vital la incursión de los trabajadores de la educación. Debemos defender la independencia política del gremio y convocar a asambleas de bases que deliberen un plan de lucha contra las maniobras reaccionarias, contra el ajuste y en defensa de la educación pública. Por aumento salarial igual a la canasta básica e indexado al cálculo inflacionario. Que el Estado garantice todos los recursos para brindar clases virtuales sin que nadie se quede afuera de las cursadas ni se sobrecargue de tareas a los docentes. En el caso de volver a clases presenciales el próximo año, por un comité sanitario integrado por familias, docentes y no docentes que elaboren un protocolo de salubridad, higiene y edilicio apto para evitar los hacinamientos y el contagio masivo de Covid-19.

 

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