La provincia más austral vive momentos muy difíciles. Ocurre que al ajuste que intenta llevar adelante la gobernadora Rosana Bertone (FpV) -chocando con la lucha tenaz de los trabajadores estatales- se suma la agudización de la crisis industrial.

 

Tanto el sector metalúrgico como el textil, las dos ramas más importantes de la industria instalada en la provincia, están sufriendo suspensiones, recorte de horas de trabajo, cese de contrataciones y despidos por centenares.

 

La precarización que caracterizó los doce años del “modelo” kirchnerista allanó el camino para proceder a todo tipo de contrataciones precarias; ahora, la reapertura de las importaciones impuesta por el gobierno macrista se traduce en ajustes patronales que pagamos los trabajadores.

 

En Río Grande, la empresa Brighstar desvinculó a 40 trabajadores y a su pretende “arreglar” con el Personal Permanente Discontinuo (PPD) su salida definitiva. Allí, más de 120 metalúrgicos quedaron sin trabajo a finales de junio, a ello hay que agregar que el personal de planta se encuentra con descuentos salariales por recorte de horas. Por otra parte, Famar tiene trabajadores suspendidos y KMG ingresará muy pronto en periodo de inactividad, por mencionar sólo algunos casos. En Ushuaia, el grupo New San continua con centenares de trabajadores con jornadas reducidas y en los últimos días “cayeron” alrededor de 50 contratos.

 

Ante esta situación, la UOM seccional de Río Grande, dirigida por el diputado nacional Oscar Martínez (MSP-K), se declaró en estado de asamblea permanente, pero sin plantear un plan de lucha real. Por su parte, la seccional de Ushuaia, dirigida por el ex legislador Héctor Tapia, continúa haciendo mutis por foro y ni siquiera se pronunció contra los despidos y suspensiones.

 

Es necesario que la UOM elabore un plan de lucha para enfrentar esta situación: reparto de las horas sin afectar el salario, basta de despidos, estatización bajo control de los trabajadores de toda fábrica que cierre.