Se dieron a conocer, a los medios locales, graves denuncias por parte de un grupo de trabajadoras de la Dirección de Defensoría Municipal dependiente de la Secretaría de la Mujer, Género y Diversidad del Municipio de Río Grande (Tierra del Fuego), quienes manifiestan reiteradas situaciones de violencia institucional y laboral.

Por una parte, exponen las paupérrimas condiciones edilicias y de salubridad en medio de la pandemia de Covid-19, así como la insuficiencia de recursos que se destinan para la realización de sus labores, conminándolas a una sobrecarga de tareas. De igual forma, dan cuenta de que la gran mayoría de estas trabajadoras son monotributistas, por lo que se hallan en la más absoluta precariedad, dado que carecen de estabilidad, no perciben aguinaldo, presentismo, ni horas extras. Mediante la modalidad de contratos de “locación de servicios”, que se implementan en diversas áreas del municipio y por la cual prestan servicios en espacios reducidos en donde no se puede cumplir con el distanciamiento social y se ven expuestas constantemente a situaciones de violencia por parte de los agresores de las personas a quienes acompañan, sumiéndolas en permanentes riesgos.

Ante estos atropellos, emitieron primeramente una nota formal a la Secretaría de la Mujer, solicitando mejoras salariales, que se apliquen los ítems de responsabilidad profesional, insalubridad y el de tarea riesgosa y/o penosa, dado que al intervenir en situaciones de violencia de género esto les acarrea consecuencias que devienen en multiplicidad de afecciones, entre otras cuestiones que pusieron de relieve y peticionaron.

A raíz de esta presentación, esto derivó en situaciones de violencia laboral e institucional contra ellas: el despido totalmente arbitrario y sin previo aviso de una de compañera, en pleno contexto de pandemia; la reubicación de otra de ellas, como aleccionamiento y la solicitud de renuncia de otra trabajadora que se encuentra con licencia médica. Todo lo cual no solamente afecta a quienes emitieron la denuncia, sino a las mujeres en situación de violencia de género y la población a la que acompañan, dejando además en evidencia la maniobra política de vaciamiento de personal en el área por parte de la gestión del intendente camporista, Martín Pérez.

En la provincia rige la más descarnada precarización laboral bajo distintas modalidades espurias de contrataciones, tanto de las patronales como de los gobiernos provinciales y municipales, esto a pesar de contar con una ley de “promoción industrial” sancionada durante el Onganiato, por la cual las patronales reciben diversas exenciones y todo tipo de subsidios. A ello se suma la última medición del Indec que da cuenta que la desocupación abierta en la provincia es de las más altas del país, ubicándose en el 12,8%; a lo que hay que ponderar a los ocupados demandantes de empleo y los subocupados, lo que redunda en que al menos 19 fueguinos/as con necesidades laborales: un cuarto de la población activa.

La orientación del Estado burgués es la del ajuste y salvaguardar los intereses capitalistas, no la de cuidar a las mujeres y promover una sociedad más justa, de allí su fracaso frente a la violencia de género. No hay presupuesto ni voluntad política para enaltecer la tarea profesional de asistir a víctimas, ni para evitar que las mujeres se vuelvan cada día más vulnerables: sin IFE, sin vivienda, sin trabajo, con trabajos cuya precariedad desata otras formas de la violencia que van más allá del propio campo laboral. Es el propio Estado, y sus aparatos represivos y burocráticos, el responsable del abandono de las mujeres ante situaciones que hacen peligrar sus vidas.

Repudiamos este accionar del municipio de Río Grande, así como llamamos a apoyar la lucha de las compañeras por todas sus reivindicaciones. ¡Abajo los contratos precarios! Pase a planta permanente y salarios acordes a la canasta familiar e indexados por inflación. El hambre y la violencia contra la mujer son responsabilidad del Estado y de los gobiernos. Los ministerios y secretarías anteponen la defensa de una orientación patriarcal y capitalista a la defensa real de las mujeres, hay que superarlos organizando un Consejo Autónomo de Mujeres desde nuestro propio movimiento, con presupuesto estatal, pero con total independencia de los gobiernos sobre las políticas a implementar y sobre la orientación a seguir.