En un artículo elaborado la tarde en que se conoció la noticia del proyecto Recalde de participación en las ganancias, dijimos “en forma disimulada, se pasa a condicionar el salario a la productividad, sin siquiera la necesidad de capataces o supervisores” (PO Nº 1.131).

Tomada fue a fondo. Defendiendo el proyecto dijo “es indispensable introducir el concepto de la productividad de todos los factores” (Clarín, 9/9) y agregó “la negociación colectiva tiene que ser un buen instrumento para poner en marcha sistemas que den cuenta de mejoras de la productividad”. El ministro no sólo confirma que mediante el proyecto una parte del salario pasa a depender del lucro empresario de corto plazo incentivando el esfuerzo obrero para que se le extraiga mayor plusvalía. De acuerdo con su planteo debe discutirse en paritarias, de manera que sería un factor directo de depresión del salario fijo de convenio, o sea una herramienta de los empresarios para imponer menores incrementos. Justamente cuando la inflación erosiona mes a mes el salario y lo que está en discusión es su relación con la canasta familiar. La disposición promueve objetivamente la competencia entre los obreros de una empresa contra otra y aún entre los de la misma, pero la sobreproducción que caracteriza al mercado hoy en el mundo daría por tierra con el presunto ingreso adicional en cualquier momento; incluso no está claro qué pasaría cuando las empresas declaran pérdidas, como ocurre a menudo y en especial como ocurrió el año pasado y el anteaño. Los obreros no tenemos acceso ni a los libros (las ganancias se disimulan todo el tiempo por razones impositivas, para no repartir ganancias en bolsa, etc.) ni a la planificación y control de la producción. El proyecto pretende una módica distribución del 10% de las ganancias declaradas, pero estarían excluidas las empresas de menos de 300 operarios y de aquel monto un 2 o un 5% irían a un fondo “solidario para trabajadores informales”, una nueva caja para el oficialismo, de incierto destino.

La propia UIA pasó de la denuncia por “cubanización” a declarar que “comparte el objetivo de redistribución de ingresos, pero en el marco de un pacto social” (El Cronista, 15/9). Watsejko, del neumático y dirigente kirchnerista de la CTA, los calmó todavía más: “favorece la inversión” (ídem, 8/9) declaró, basado en su experiencia de Firestone, donde está incluido en el convenio de 14 pesos la hora; recordando al mismo tiempo que es un “derecho constitucional”, pero se olvidó del derecho constitucional del salario mínimo, vital y móvil que debería garantizar una canasta familiar, hoy en 5.200 pesos, es decir unos 28 pesos la hora.
Es muy claro que de parte de Recalde, Moyano, Watsejko y Tomada se trata de una cortina de humo para desviar la presión por la reapertura de las paritarias. Es más, la presidenta y Agustín Rossi tuvieron con el proyecto “una herramienta clave para desplazar del centro de la escena parlamentaria el debate del 82%” (El Cronista, 15/9) aunque el propio Méndez de la UIA, consideró al proyecto “inviable” en las cámaras.

La consigna es reabrir las paritarias de todos los gremios que firmaron por menos del 35% y un salario mínimo equivalente a la canasta familiar.