Sindicales
4/8/2026
Trabajadores de Cresta Roja cortaron la autopista Ezeiza-Cañuelas
Fue en defensa de sus fuentes de trabajo, por salarios y aguinaldo adeudados.
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Trabajadores de la Planta II de Cresta Roja cortaron en la mañana del lunes la Autopista Ezeiza-Cañuelas a la altura de la localidad de El Jagüel, en el partido de Esteban Echeverría, luego de que la empresa perteneciente al grupo Granja Tres Arroyos, propiedad de Joaquín De Grazia, forzara a los 670 operarios a tomar vacaciones. Este anuncio de la patronal fue la gota que rebalsó el vaso porque la empresa ya les debe salarios de meses anteriores y el último aguinaldo.
Cresta Roja fue fundada y quebrada por la familia Rasic, después de embolsarse unos U$S 22 millones en subsidios del gobierno de Scioli. En 2016 fue adquirida por el consorcio de empresas Proteinsa, que reincorporó solamente 1.000 de los 3.700 trabajadores que ocupaban las plantas II de El Jagüel y la I de Tristán Suárez.
El entonces presidente Macri, Vidal y el Intendente peronista Fernando Gray participaron entonces del acto de reapertura de la empresa, prometiendo que sería reincorporada la totalidad de los despedidos, algo que no sólo no ocurrió sino que la empresa volvió a entrar en crisis y a descargarla sobre las espaldas de sus trabajadores. En 2018 fue finalmente adquirida por el GTA, que pasó a controlar entonces el 25% de la faena de pollos del país.
En la actualidad, la totalidad de las plantas del GTA se encuentran paradas o con suspensiones, reducción horaria y deudas salariales. La planta I de Suárez fue cerrada en 2024 dejando 200 trabajadores en la calle. La China en Concepción del Uruguay, con 950 trabajadores, se encuentra cerrada desde junio. El 15 de julio fueron forzados a tomar vacaciones los 350 trabajadores de Avex, en Río Cuarto, con deudas salariales que se remontan a junio, mes del que cobraron el 10% de los salarios. Otros 300 trabajadores de la planta de Pilar, a los que también se les deben los salarios de junio y julio además del medio aguinaldo, acaban de ser suspendidos durante agosto.
Como respuesta al corte la empresa comunicó a través del sindicato que el jueves daría una respuesta. GTA argumenta que ha sido golpeada por el cierre de las exportaciones desde agosto del año pasado como consecuencia de un brote de gripe aviar, y por la caída de la demanda interna como consecuencia de la catástrofe económica del gobierno de Milei. Pero la verdad es que arrastra una deuda previa de U$S 350 millones cuya reestructuración está negociando el Banco Valo, del banquero mileista Juan Napoli, y por la que ingresó en un Procedimiento Preventivo de Crisis a fines de 2024 con la anuencia del Sindicato de la Alimentación. La empresa, además aprovecha la situación para ir a fondo con los cambios en las condiciones de trabajo que le permite la reforma laboral esclavista de Milei.
GTA descarga sobre los trabajadores los costos de la reestructuración de su deuda con el aval de los burócratas de Stia, que toleran y consienten todos los atropellos. El corte de la autopista fue una medida impuesta por los trabajadores a la que se vio obligado a plegarse el sindicato. Hasta ahora el “plan de lucha” del Stia había consistido en gestionar una reunión con el intendente Gray para conseguir algún tipo de asistencia. Y Gray no los recibió.
Para cobrar los salarios que adeuda GTA los trabajadores no pueden quedar como rehenes de las idas y vueltas entre los burócratas sindicales y la empresa. Hay que organizar un verdadero plan de lucha. Hay que organizar un plenario de delegados de todas las plantas afectadas con mandato para resolver acciones de lucha unificadas en todo el grupo GTA.
Pero además hay que luchar por una solución de fondo al problema de la crisis productiva. Como reclaman los trabajadores de Morvillo y de Fate, en Cresta Roja hay que exigir que el gobierno de Kicillof, que se jacta de ser una barrera contra el ajuste salvaje de Milei, intervenga y garantice la continuidad productiva de la empresa, que podría perfectamente destinar su producción al abastecimiento de los comedores escolares y a establecimientos de salud.
