Mediante la Resolución 91/2021, el gobierno ha establecido la vuelta a la presencialidad de lxs trabajadorxs estatales nacionales que no veníamos prestando servicios en las sedes de los organismos. Serán obligados a asistir trabajadores y trabajadoras con una sola dosis de vacuna, incluso grupos de riesgo con afecciones cardíacas, problemas respiratorios crónicos y diabetes. Quedan exceptuadas únicamente las personas gestantes, pacientes oncológicos y/o inmunodeprimidos y trasplantados. De acuerdo a declaraciones públicas, pretenden llevarlo adelante a partir del primero de septiembre, pero en numerosas dependencias se han anticipado a esta semana.

El gobierno ha propagandizado la vuelta como “programada y cuidada”, pero es exactamente lo contrario. Se trata de una decisión completamente improvisada, que muestra un abierto desprecio por nuestra salud, poniendo en juego la integridad física de miles de estatales. Debemos rechazar los términos de este retorno sin garantías sanitarias.

Es que si bien la situación epidemiológica indica un descenso de los contagios de Covid-19, lo cierto en que el nivel sigue siendo alto y solo el 25% de la población tiene el esquema completo de dos dosis, algo fundamental para enfrentar el avance de la variante Delta, que es más contagiosa y letal, y que según los especialistas en las próximas 4 semanas puede convertirse en la variante dominante. La vacunación, sin embargo, no impide el contagio, sino que disminuye el riesgo de contraerlo y el desarrollo de casos graves y muertes. En este cuadro, el esquema completo de vacunación debe ser un aspecto fundamental para discutir cualquier retorno a las tareas presenciales.

El protocolo CyMAT, al cual hace referencia la resolución, no puede hacer frente a esta amenaza. No garantiza el traslado ida y vuelta, empujando al uso de transporte público, cuyas condiciones de hacinamiento lo convierten en un foco de contagio. Deberían cubrirse los gastos de quienes utilizan un transporte propio, incluido el estacionamiento, pero nada de esto está “protocolizado”. Tampoco da cuenta de lo actuado por la patronal en las dependencias públicas para garantizar las prescripciones de capacidad y ventilación. Las oficinas, baños y cocinas deben contar con ventilación cruzada. La entrega de elementos de protección personal debe ser provista por los organismos. Las condiciones materiales y más elementales para que el cuidado realmente pueda efectivizarse brillan por su ausencia.

La improvisación total del gobierno responde a una maniobra electoral que forma parte de la política de apertura generalizada e indiscriminada avaladas por el gobierno nacional mediante el reciente Decreto 494/2021 y que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ha utilizado rápidamente para forzar la vuelta a clases en forma presencial y sin distanciamiento, como si hubiera terminado la pandemia, atentando contra la salud de los trabajadores de la educación y los propios estudiantes.

Las conducciones de UPCN y ATE son cómplices. Sin consultar a los trabajadores, Andrés Rodríguez y “Cachorro” Godoy, de ATE Nacional, pactaron con el gobierno el “protocolo” que es una instigación a contagios masivos en dependencias públicas. Andrés Rodríguez fue más allá y saludó la medida en función de “recuperar la cultura del trabajo”, acusando de vagos a la inmensa mayoría de estatales que venimos cumpliendo nuestras tareas de manera remota. Por su parte, la Verde y Blanca de ATE Capital ataca la presencialidad sin cuidados de Larreta pero promueve esta temeraria medida en el Estado Nacional.

Es el mismo método con el que vienen entregando nuestro salario y condiciones de trabajo (presencial y remoto). Son quienes vienen de firmarles dos rebajas salariales consecutivas al gobierno de Alberto Fernández, con una inflación que vuela al 56% en alimentos y que consagra una pérdida de poder adquisitivo del orden del 40% en los últimos cinco años. La integración política de los sindicatos al gobierno es un límite para que los trabajadores podamos desarrollar nuestros reclamos.

Desde Tribuna Estatal planteamos que, ante la falta de respuestas a cuestiones básicas sobre condiciones de salubridad, debe mantenerse la continuidad de las tareas remotas en donde se vienen desarrollando. Esta continuidad debe asegurar las condiciones de trabajo mediante la provisión de equipos, garantizando la conectividad e incorporando al salario los costos de servicios.

Donde sea necesaria la presencialidad, las condiciones de salubridad deben ser discutidas en ámbito paritario CyMAT, que deben garantizar traslado seguro y elementos de protección personal para todos los trabajadores. Los paritarios deben ser electos en asamblea. En las dependencias dominadas por la burocracia sindical, pongamos en pie comisiones independientes de salubridad que sean espacios de organización contra el intento de avasallar la vida de lxs trabajadorxs.

Esta intentona del gobierno contra nuestra integridad física debe ser enfrentada de conjunto mediante la máxima deliberación en todo el Estado. Reclamemos desde el espacio Interjuntas, que nuclea al activismo de ATE, la convocatoria inmediata a un plenario nacional en el gremio para discutir un plan de lucha en defensa de nuestra salud, por salario y por todas la reivindicaciones.