Medio centenar de trabajadores de UTA se movilizaron desde la sede del sindicato a las puertas del Municipio para exigir el cobro del 50% del salario que se les debe. Esto en el marco de una convocatoria que hizo la conducción sindical, luego de varias reuniones fracasadas para resolver el reclamo. Córdoba, al igual que todo el interior del país, está atravesando la crisis de transporte más profunda de su historia.

La convocatoria frente a la sede hecha por Carla Esteban, secretaria general de UTA Córdoba, se transformó, debido a la masividad y bronca, en una movilización al Palacio Municipal para que Llayora, el intendente capitalino y responsable de la concesión del transporte urbano, dé una respuesta definitiva a una crisis donde no aparece claramente una salida y mucho menos un responsable.

Luego de 4 horas de concentración y movilización, Esteban informó que el Municipio se comprometía a “intimar a las empresas para que saquen de donde sea los recursos para pagarnos. Tienen tiempo hasta este viernes al mediodía para abonarnos” (Cadena 3, 21/5). Inclusive informó a la asamblea que, de no hacerlo, la Municipalidad le quitaría la concesión a las empresas.

Por su parte, desde el gobierno le informaron a la prensa que la Unidad Fiscal de Emergencia Sanitaria de Córdoba imputó a diez miembros del sindicato por violar la cuarentena y que no se descartaban más acusaciones. Este mismo organismo es el que ya lleva 23 trabajadores municipales imputados por manifestarse ante un ajuste salarial. A pesar de que cientos de empresas y el mismo Estado recortan unilateralmente sueldos o dejan de pagarlos, los únicos imputados en Córdoba son los trabajadores.

No es la cuarentena

Actualmente 4.000 trabajadores interurbanos y 3.000 trabajadores del transporte urbano han cobrado una parte o directamente nada de su sueldo. Se trata del paro más prolongado que se recuerde del transporte, sin que se conozcan públicamente acciones de algún organismo contralor.

Por mucho menos, 3 años atrás, fueron despedidos 160 trabajadores de UTA que realizaban un paro por salario y por denunciar justamente la política de subsidios y vaciamiento que hoy estalla por los aires. De hecho, la secretaria general y los delegados actuales fueron puestos por el secretario del Interior de UTA nacional, Kiegner, para capitanear el desguace del transporte y el ataque al Convenio Colectivo de Córdoba (CCT) de Córdoba, que es el mejor del país.

El estallido del transporte público ha sido largamente acicateado por todos los gobiernos. A Alberto Fernández le estalla en las manos un sistema de transporte que el mismo Kirchner puso en funcionamiento y que se llevó puesto dos ministros nacionales de transporte, uno actualmente preso y que obligó al exintendente Ramón Mestre hijo (radical) a hacer renunciar a todo su gabinete. En todos los casos, por los lazos que unen a funcionarios con las empresas a las que les entregaban la concesión de los recorridos.

Fue el vicepresidente de Federación Argentina de Transportadores de Automotor de Pasajeros (Fatap), Gerardo Ingaramo, quien hizo popular en estos días la frase de que el transporte está en un “estado terminal”, mientras no se privaba de solicitar al Congreso un “aporte extraordinario al Estado Nacional y una nueva ley que equilibre más los subsidios entre el interior y Buenos Aires”.

Ingaramo es el abogado y cofundador junto a Alejandro Rossi de Autobuses de Santa Fe S.A. En 2004, pasó de tener una pequeña empresa de transporte en Rosario a manejar 18 líneas de colectivos en el interior, más las que explota en Buenos Aires. Esto sin contar las empresas subsidiarias que están bajo su órbita que lo han llevado a estar entre los cinco holdings empresariales más importantes del transporte en Argentina. La misma suerte tuvo el Grupo Plaza de Cirigliano que, de ser un grupo empresarial modesto, llegó a invertir hasta en Miami y la familia Romero, que desembarcó con el Grupo Ersa para obtener, ilegalmente, los mejores recorridos urbanos e interurbanos de Córdoba. Todo este edificio empresarial es sostenido en base a subsidios y fuertes lazos con los distintos gobiernos.

Los responsables de la “crisis terminal”

El “modus operandi” de todos estos advenedizos pulpos empresariales, consistió en comprar empresas de colectivos que entraban en quiebra y con el aval de la UTA Nacional y los intendentes, se quedaban con los recorridos sin previa licitación. En Córdoba, Ersa se quedó con los recorridos del transporte interurbano y desconoció las obligaciones de la licitación. Esta última acción también la desarrolló, en nuestra capital, Autobuses.

Cuando estas empresas se hacen cargo del transporte, no solo no mejoran las condiciones del servicio, sino que muchas veces empeoran.

La pandemia solo aceleró el proceso de deterioro que sufre el transporte. A modo de ejemplo: la frecuencia de una de las líneas más populares que tiene Ersa, la 36, ha pasado de los 8 a 10 minutos de frecuencia que tenía la Empresa Municipal Tamse cuando hacía ese recorrido, a 30 o 40 minutos en horas pico en la actualidad. A esto se suma que en el predio de Ersa hay un terreno lindante donde viejos coches en desuso siguen recibiendo subsidios millonarios por el solo hecho de ser declarados como parte de la flota de la empresa. Más todavía, han sacado la mayoría de los recorridos nocturnos y no pagan ni las ART ni el aporte patronal de la obra social hace meses. La lista sigue.

Si bien es correcta la denuncia de Ingaramo de que existe una clara discriminación entre el interior que tiene subsidiado el 50% del gasto operativo y el Amba (Área Metropolitana de Buenos Aires) donde este subsidio llega al 90%, omite decir que la otra parte se cubría con aportes de los contribuyentes de las provincias y municipios y con tarifas de boletos onerosos. Y, sobre todo, olvidó aclarar que las patronales son meros testaferros que no aportan un peso y ganan millones.

Lo que tampoco dice Ingaramo, ni los gobiernos, ni la prensa, es que estos subsidios no serán restituidos nuevamente ya que progresivamente son redestinados- desde el final del segundo mandato de Cristina Kirchner, durante todo el gobierno de Macri y en el gobierno actual- al pago de la deuda que tienen la Nación, las provincias y los municipios con los acreedores internacionales. Alberto Fernández vino a enterrar la criatura que el mismo puso en pie cuando era jefe de gabinete de Kirchner.

Cuando el presidente Fernández llama a no usar el transporte público, no lo hace por una medida sanitaria, ya que los trabajadores en su mayoría viajan de forma más precaria y a más alto costo. De lo que se trata es de imponer un nuevo giro en el transporte público.

Quien se adelantó a esto fue uno de los operadores y beneficiarios del festival del subsidios en el transporte, el secretario general de UTA Nacional, Roberto Fernández, quien llegó a decir en una entrevista radial con Alejandro Bercovich que las patronales no iban a poner dinero ya que la recaudación había bajado y que seguro “se tendrán que sentar a discutir”.

Es claro que se pretende que los usuarios y trabajadores con futuros tarifazos, peor servicio, condiciones de trabajo precarias y salarios más bajos paguen los costos de “la crisis terminal” del transporte.

La movilización, una salida

La movilización de ayer, acicateada entre los grupos de choferes y trabajadores de los talleres, fue masiva a pesar del proceso de represión y del aumento de casos de Covid-19 que hay en la ciudad de Córdoba.

Entre los trabajadores, ya se ha empezado a discutir la necesidad de sacarse de encima al gran responsable de la “crisis terminal” del transporte, que es el lucro empresarial.

Sobran las razones legales, sanitarias y sociales para rescindir la concesión y expropiar las unidades. La estatización del servicio de pasajeros, bajo control de trabajadores y usuarios, es urgente para garantizar que se cumpla con el interés popular, junto a un comité que garantice las condiciones de higiene.

Para colaborar con la movilización y apostar a su triunfo, el Frente de Izquierda presentó en la Legislatura de Córdoba un proyecto de estatización del servicio que tiene como principal objetivo terminar con las extorsiones de las patronales y garantizar el derecho elemental a la circulación segura y económica de nuestra población.