Desde el sábado 22 dos de las cámaras empresarias del transporte que agrupan alrededor de 100 líneas de colectivos, un 25% del total que circulan en la zona AMBA, iniciaron un recorte del servicio nocturno desde las 22:00 a las 6:00. Alegan que durante enero aún no recibieron los subsidios correspondientes a lo que aporta la provincia de Buenos Aires, lo cual impediría su funcionamiento por falta de recursos. Señalan además que a partir del miércoles próximo el cuadro se agravaría con la suspensión total del servicio, es decir con un lock out total.

El gobierno provincial, a través de su ministro de Transporte recientemente designado, el massista Jorge D’Onofrio, anunció el cumplimiento del pago del subsidio. Aún así la medida patronal aún no fue dejada sin efecto formalmente.

Los principales afectados por la suspensión del servicio, que ya cumple dos jornadas, son los trabajadores y usuarios de sectores populares en general. Los segundos se ven impedidos de viajar a sus lugares de trabajo y retornar a sus hogares, principalmente en zonas donde el transporte público automotor es el único medio que entra a numerosos barrios. Los trabajadores del transporte son directamente perjudicados por la disminución de las horas de trabajo y por los cambios en el horario laboral de los choferes.

El carácter del reclamo empresario tiene como base la disputa entre los gobiernos en sus diferentes estamentos (municipales, provinciales y nacionales) y las cámaras patronales por el monto de los subsidios al transporte. Si bien esta puja viene de larga data, el conflicto se agrava cuando el gobierno se encamina a una reducción de las subvenciones como parte del ajuste que plantea como requisito el FMI para llegar a un acuerdo de repago de la deuda.

Tras la no aprobación del Presupuesto 2022, las patronales del transporte presionan por importantes aumentos de los subsidios (las del interior del país exigen $12 mil millones en el primer trimestre -suba del 70%- y las del AMBA $6 mil millones mensuales) y tarifazos de alrededor del 40% (que ya se comenzaron a aplicar en provincias como Mendoza -$35 el boleto mínimo- y Neuquén -$61-).

Frente a esta disputa entre el gobierno y las patronales, en las que la burocracia sindical de la UTA se ha alineado siempre con uno u otro grupo empresario, planteamos: 1) el inmediato restablecimiento del servicio para que se asegure la movilidad de trabajadores y usuarios, y que se normalice la situación laboral de los choferes; 2) la apertura de los libros de las empresas de transporte a comisiones de trabajadores y usuarios, para que se haga público cuales fueron las ganancias que obtuvieron durante los últimos años y a dónde fueron a parar los subsidios recibidos; 3) el rechazo al aumento de tarifas; y por último, 4) inmediato aumento salarial y bono de fin de año para los choferes, cuyo reclamo es un mínimo de $150 mil y $50 mil de compensación anual.

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