El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la provincia emitió un comunicado en el que “prohíbe” el derecho a la protesta de trabajadores judiciales que están en una abierta lucha por una recomposición salarial del 50%. La medida marca una disposición persecutoria para concluir un reclamo impulsado por una fuerte autoconvocatoria, que le arrancó a la burocracia sindical asambleas, paros progresivos y plan de lucha.

La lucha de judiciales es uno de los epicentros del justo reclamo de trabajadores por aumento de salarios. Tanto es así, que de acuerdo a diferentes versiones periodísticas, el gobernador Martín Llaryora está ocupado en cerrar la protesta. En esa línea hay un cambio de posición del TSJ; ahora se puso a perseguir la lucha, luego de que la autoconvocatoria desbordó a la conducción del gremio.

Así las cosas, el mencionado comunicado persecutorio del TSJ afirma: "Queda prohibida la realización en dependencias del poder judicial de asambleas, reuniones o manifestaciones colectivas de cualquier tipo". Como se ve, apuntan a socavar el derecho a la protesta. El Poder Judicial en el citado texto dice que “queda prohibido, con el mismo alcance y consecuencia, toda expresión ruidosa que entorpezca el normal desarrollo de la actividad”. Asimismo, pretende “dar por concluida la Mesa de Conversación ante las medidas de acción directa dispuestas y anunciadas por el gremio. Instruir para que se proceda con los descuentos de los haberes”. Además, el TSJ en lugar de garantizar el derecho a la protesta establecido constitucionalmente, lanzó una resolución intimidatoria en la que marcan a lxs trabajadores con “abstenerse de realizar medidas de fuerza, incluyendo en dicha imposición, la concurrencia a asambleas informativas que se concreten durante la jornada de trabajo”. También quieren imponer el establecimiento de “un sistema de guardias mínimas”, que persiguen el cercenamiento del reclamo de judiciales.

Cabe destacar que, de la mano de la autoconvocatoria, el colectivo de judiciales arrancó una recategorización que redunda en un aumento de haberes, que en promedio supera el 10 %. Para lxs trabajadores es un paso adelante en la lucha por conquistar un programa que logre una mejora de conjunto, en tanto que para la patronal debe ser el punto final de una lucha por el salario, que está en el centro de la atención del movimiento obrero de Córdoba.

En efecto, a la reapertura de paritarias promovida por UEPC-Capital, hay que sumar el empantanamiento de la discusión salarial del SEP (Sindicato de Empleados Públicos). Además, en hospitales de la provincia hay un estado de deliberación. En el Rawson hay una carpa, y cortes por la reincorporación de trabajadores despedidos.

Para lxs trabajadores el derecho a la protesta es una herramienta elemental para defender intereses de clase. Contra esa orientación el Poder Judicial adicto al gobierno de Llaryora ahora contraataca. Quieren cercenar el derecho a la protesta para no cumplir con otros derechos adquiridos por el colectivo de trabajadores judiciales, como por ejemplo una equiparación efectiva con sus pares de Tribunales Federales.

La medida persecutoria del TSJ se puede derrotar en la calle, en unidad con las luchas que recorren la provincia. En esa perspectiva, luchadores, entre ellos lxs dirigentes del Partido Obrero, conquistaron un fallo que rechazó la criminalización de la protesta.

El colectivo de trabajadores judiciales debate para el próximo miércoles, realizar una nueva acción de lucha, que tendrá el apoyo de otros gremios en lucha, como UEPC-Capital, entre otros sectores en lucha. La prohibición del derecho a la protesta no pasará ¡Viva la rebelión del colectivo de trabajadores judiciales!

Milei afila la motosierra

Más que estabilidad, lo que domina es la precariedad. -

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