Los compañeros que ocupan el edificio de la calle Caracas, en el barrio de la Paternal, conocido como La Lechería, acaban de arrancar un convenio que suspende el desalojo por dos años (hay un juicio en trámite, cuyo desenlace era inminente). En ese lapso, el Gobierno de la Ciudad se compromete a construir y entregar viviendas a sus actuales ocupantes. Al mismo tiempo, la CMV, por boca de su subsecretario *presente en las negociaciones finales* se comprometió a suscribir un compromiso por separado, para hacerse cargo del alojamiento transitorio de los vecinos, en caso de que se superase el plazo previsto para la desocupación del edifico y las viviendas definitivas no estuvieran en condiciones de ser ocupadas por sus beneficiarios.

Este acuerdo ha sido el resultado de una tenaz movilización de los vecinos, quienes en el curso del último año llevaron incansablemente sus reclamos contra el desalojo y por una vivienda digna frente a todas las dependencias del Gobierno de la Ciudad y a la propia Legislatura.

En una asamblea general realizada hace unas semanas atrás en el propio edificio de La Lechería, a la que asistieron representantes de la CMV y también miembros del bloque legislativo del Partido Obrero, los vecinos pusieron al gobierno entre la espada y la pared. Los compañeros de La Lechería salieron al cruce del bicicleteo al que eran sometidos sistemáticamente por la CMV, que venía prometiendo la construcción de viviendas y elaborando “proyectos” *que, por ahora, no pasan de un expresión de deseos* mientras el juicio no se detenía y el desalojo se venía encima. Esto es lo que viene ocurriendo con todos lo grupos de familias en idéntica situación que La Lechería (nos referimos a los edificios de Sarandí, Corrientes, Perón, etc.), a quienes se les viene planteando diversas “alternativas de vivienda”. Pero lo único cierto es que hasta ahora están con las manos vacías, y se avecina el desalojo y la pesadilla de cientos de familias en la calle.

A este triunfo contribuyó también la acción legislativa desplegada por el bloque del Partido Obrero, que se plasmó en la elaboración de un proyecto de expropiación del edificio de La Lechería y su destino, previo reciclaje, para vivienda de sus actuales ocupantes. Dicho proyecto, que fue redactado por el bloque del PO con el aporte de los vecinos y aprobado en asamblea general, logró despacho mayoritario de la Comisión de Vivienda de la Legislatura.

El proyecto presentado por Altamira expresa una orientación social diametralmente opuesta a la política del gobierno de Ibarra que, ante todo y por sobre todo, privilegia los intereses de los propietarios y pulpos inmobiliarios. El sacrosanto derecho a la especulación y al lucro de un puñado de capitalistas está, para ellos, por encima del derecho a la vivienda de centenares de familias sin techo.

Aún antes de que sea considerado en sesión plenaria, el proyecto de Altamira actuó como un revulsivo político, desenmascarando la política del gobierno y oponiéndole otra política, que parte de privilegiar los intereses de los trabajadores. El proyecto, respaldado por la movilización de los vecinos, se convirtió en un factor de presión sobre los propietarios y sobre el propio gobierno, forzándolo a buscar una salida que contemple las necesidades de las familias afectadas.

Meses atrás, Ibarra se declaró contrario a comprar el edificio *ni hablemos de expropiarlo* para no sentar un precedente que pudiera servir de referencia a otros sectores afectados que están padeciendo idéntica situación. El gobierno porteño desistió inclusive de llevar a remate el edificio cuando tenía dicha posibilidad al alcance de la mano, por el juicio que mantiene la administración con el propietario por una deuda en concepto de impuestos municipales que supera los 150.000 pesos. Ahora, cuando la movilización de los vecinos logró frenar el desalojo, el gobierno *como parte del acuerdo alcanzado* le otorgó a los propietarios una condonación de los impuestos adeudados y un canon mensual de 1.300 pesos. Aquí tenemos retratada de cuerpo entero la política del progresismo porteño: el desalojo corre para los sin techo, pero no para los dueños, aunque éstos revistan la condición de deudores morosos y evasores, como ocurre con el caso de La Lechería.

Despejado el peligro de desalojo inmediato, ingresamos en una etapa crucial, pues ahora lo que está en juego es garantizar el acceso de los ocupantes a una vivienda definitiva. Es necesario defender la existencia de una mesa de trabajo permanente integrada por el gobierno y los vecinos, dirigida a controlar la elaboración y ejecución del proyecto. Hay que mantenerse más que nunca en guardia y en movilización junto a los otros sectores trabajadores y familias sin techo, pues de esa acción mancomunada y de conjunto depende, hoy más que antes, la suerte y el futuro de los reclamos planteados.