Con la feroz represión policial a la marcha de obreros municipales del jueves 22, la lucha salarial en la provincia ha pegado un nuevo giro. Para el 30, los gremios que venían “dialogando”, han convocado una marcha general por un básico de 350 pesos y de repudio a la represión policial. El clima se ha calentado, se están generalizando los reclamos, las marchas y cortes. En varios lugares vuelven a florecer las asambleas de reparticiones; también se han producido algunas asambleas intergremiales. En Tafi Viejo, 170 obreros cesanteados de la municipalidad tomaron la Intendencia para exigir su reincorporación. “El clima social se alteró”, sentenciaba un editorialista de La Gaceta el mismo viernes 23.

“El problema de Alperovich –agregaba– es explicarles a los estatales por qué si crecieron abismalmente los ingresos… no otorga un aumento salarial”.

Alperovich está a la espera de una decisión del gobierno nacional, pero “esperar que el presidente Kirchner efectúe los anuncios de reajuste (25 de mayo) puede significar la agudización del conflicto” (ídem).

La situación tucumana combina estos elementos: se está produciendo un desbloqueo de las bases, en algunos casos azuzado por la división de la burocracia sindical y la crisis política en el seno del PJ: el mismo jueves, varios dirigentes de ATE fueron agredidos a trompadas por empleados municipales al grito de “traidores”. La lucha de los trabajadores empalma con el cuestionamiento creciente al accionar policial.

Es necesario unificar los reclamos en una lucha decidida: el paro activo por el básico de 350 pesos y la satisfacción de los pliegos de reclamos. Para organizarlo es necesario un plenario intersindical que elija un comité de coordinación de la lucha.