El año pasado, una de las citrícolas más grandes del mundo, San Miguel S.A, de fuertes vínculos con el macrismo, vendió su negocio de fruta fresca. La venta se cerró por casi 100 millones de dólares. En tiempo récord, como declaró su CEO Pablo Miedziak (exAerolíneas, Techint, Tenaris, Sheraton y otros), se concretó el acuerdo entre las familias Otero Monsegur-Bemberg Miguens y el grupo español “Citri&Co” por las operaciones que tenía la citrícola en Sudáfrica y Perú. La empresa tiene en carpeta avanzar en una reconversión, que podría acarrear el despido de miles de obreros.

El acuerdo de venta implicó además la exclusividad en la comercialización de la fruta fresca, que la compañía continuará produciendo desde Argentina y Uruguay. Pero, cabe destacar, que dicha producción será solo para cumplir acuerdos ya pactados, es decir, con tendencias a desaparecer. Esta nueva estrategia empresarial es respaldada por el gobierno “nacional y popular” (Anses posee un 26% de las acciones de la empresa) y su burocracia sindical adicta. Defienden los intereses de los capitalistas amigos.

Esta reconversión 100% industrial trajo consigo el cierre del empaque a mitad de la temporada el año pasado, despidos, salarios miserables, mayor precarización, nuevas colocaciones de deuda, refinanciamiento de sus pasivos y hasta una inversión en Uruguay para aumentar la capacidad productiva; la empresa, además, anunció la construcción de una nueva planta industrial en otro país.

Es por esto que la incertidumbre atraviesa a los más de 10 mil trabajadores que, de manera directa o indirecta (por medio de contratistas), se encuentran vinculados a la empresa. La paritaria a la baja del año pasado, firmada a espaldas de los trabajadores y festejada por la dirección de Uatre -Ferreyra, Ferrari, y otros varios- sigue sin actualizarse, ni tampoco se otorgó el bono. Lo mismo ocurre con los trabajadores de la industria nucleados en el sindicato de la alimentación (Stia), que dirige Sebastián Nuñez. Para ellos la suerte no fue distinta y sus salarios también quedaron lejos de compensar la inflación. El plan provincial de $160 millones fue manejado arbitrariamente por estos burócratas, que dejaron afuera a miles de compañeros.

Esta “transformación industrial” implicará que se pierdan miles de puestos de trabajo en todas las áreas y que el cosechero reciba un precio menor por cada “maleta” recolectada, al tratarse de limón cortado a mano. Por supuesto, también abre las puertas a una mayor participación de recolección mecanizada (futura sustitución del cosechero), que ya es utilizada por las principales empresas.

Además de todo esto, existe la posibilidad de que Coca Cola adquiera la firma, algo que ya hizo con el Ingenio azucarero y excentro clandestino de detención “Fronterita”, rebautizado Ingenio Famaillá. Coca Cola es el principal comprador de los derivados del limón (aceite y jugo) producidos por la empresa.

La defensa de los trabajadores rurales es incompatible con la defensa de los políticos capitalistas y sus burócratas sindicales. Organicémonos de manera independiente para golpear con un solo puño al gobierno y al patrón. Salgamos a la calle a luchar por lo nuestro, en defensa del salario y de los puestos de trabajo. Prohibición de despidos y suspensiones.

 

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