La directiva de la Uatre expulsó a Pablo Ansaloni, afiliado al gremio y diputado nacional, por “formular una serie de afirmaciones antisemitas durante el desarrollo de un Zoom de su organización sindical”. A su vez, está en marcha el operativo expulsión de Ansaloni del Partido Fe, el partido del sindicato.

En una videoconferencia, Ansaloni manifestó en referencia al sector liderado por actual secretario general José Voytenco que “son como los judíos: no tienen patria, no saben dónde están”. Voytenco es chaqueño y Ansaloni argumenta que la dirección de la organización le corresponde a él como dirigente de la provincia de Buenos Aires.

La directiva utilizó el artículo 5° del estatuto para removerlo: “será motivo de expulsión cualquier manifestación racial o antisemita que exprese alguno de sus miembros”. Si bien lo dichos merecen un repudio total, a nadie se le escapa que la expulsión no está relacionada con esas declaraciones.

La burocracia intenta saldar una crisis política utilizando administrativamente el estatuto. No se trata de un exceso verbal. Es una crisis que involucra a la Justicia, al gobierno, a Sergio Massa, a la oposición, la patronal y la CGT.

Por su parte, la Delegación de Asociaciones Israelitas de Argentina (DAIA) llevó a la Justicia la denuncia contra el diputado, argumentando que sus dichos infringieron el artículo tercero de la ley 23.592 sobre actos discriminatorios y pidió su expulsión de la Cámara de Diputados.

Apoyo político

Desde la muerte de Ramón Ayala, quien fuera el sucesor del Momo Venega, Voytenco fue ungido secretario general del gremio y se largó a un rally sin descanso en busca de apoyo político. Se reunió con su coterráneo, el gobernador Jorge Capitanich, en un intercambio que incluyó a las elecciones legislativas de 2021. Mantuvo un encuentro con el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y con su ministra de Trabajo. Se reunió también con el Jefe de Gabinete Santiago Cafiero.

En cada cita se encargó de explicitar el alineamiento de la dirección sindical con el oficialismo, tras más de una década cobijado bajo el ala del macrismo. “La Uatre es oficialista”, declaró. “Le expresamos al compañero Jefe de Gabinete de Ministros la voluntad de nuestro gremio de acompañar la gestión del presidente Alberto Fernández y de contribuir a la reorganización del movimiento obrero”, aseguró tras la reunión con Cafiero.

De esos encuentros participó también Cecilio Salazar, histórico hombre fuerte del gremio e intendente de San Pedro. Salazar fue reelecto por Juntos por el Cambio, pero rompió con el macrismo en mayo del año pasado junto a Arturo Rojas, intendente de Necochea. Ambos se sumaron al espacio de intendentes vecinalistas que orbitan en torno al Frente de Todos. Sumados a la diputada provincial Natalia Sánchez Jáuregui, son las espadas políticas de la Uatre en la provincia.

Voytenco fue confirmado por el Ministerio de Trabajo como secretario general del sindicato y recibido por el cotitular de la CGT, Héctor Daer, en una reunión que apunta a pavimentar el regreso de la Uatre a la central obrera. Con mas de 300.000 afiliados (y más de medio millón de trabajadores en negro según la propia burocracia), la Uatre aporta un nutrido número de congresales de cara a la renovación de autoridades cegetista.

Con respecto al número de afiliados, desde el peronismo sopesan el daño que sufrirá la oposición en 2021 con la pérdida de una estructura de fiscalización que la Uatre aportaba al macrismo.

Otro apoyo explícito a este giro hacia el oficialismo vino del sector patronal. El directorio del Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (Renatre) renovó sus autoridades y lo eligieron presidente para el período 2021. El organismo lo integran representantes de la Federación Agraria Argentina, Sociedad Rural Argentina, Confederaciones Rurales Argentinas y Coninagro.

En el mismo lodo

Voytenco reclama la dirección de la obra social, Osprera, hoy en manos del sector encabezado por Ansaloni -quien logró un fallo judicial para sostenerse en su cargo. Ambas camarillas se disputan la caja de la obra social para construir su propio aparato burocrático.

Ansaloni tiene una trayectoria política vinculada al macrismo y mantiene aceitados nexos con Massa. Según el oficialismo, tiene intacto su poder de influencia en la mesa judicial macrista y “esos contactos le permitieron conseguir una cautelar de segunda instancia que reimpulsó su plan de quedarse con la caja de la obra social de los peones rurales”.

Otra versión indica que “el sector de Voytenco se apoya en la reciente alianza con Alberto Fernández para avanzar sobre la obra social, pero Ansaloni resiste apoyado en las buenas relaciones que hizo en este tiempo con dirigentes cercanos a Sergio Massa”.

Lo cierto es que como hombre de la burocracia sindical, Ansaloni aprendió a caminar en pleno invierno por la vereda donde mejor calienta el sol. No importa cual. En diciembre de 2019, de la mano de Sergio Massa, se incorporó al interbloque Unidad y Equidad Federal del mendocino José Luis Ramón. Macri lo tildó de “traidor”.

La DAIA, además de la denuncia penal, reclamó que se aplique la expulsión del diputado. El gobierno no llega tan lejos porque Ansaloni como parte del interbloque es un aliado clave en el recinto, y su reemplazante pertenece a la oposición. Los dichos antisemitas son juzgados con la vara del cálculo político.

La expulsión, tanto del sindicato como de la Diputados, sienta un precedente peligroso. Sacar de contexto una frase totalmente repudiable para saldar una crisis política y darle un curso administrativo de expulsión es una mal precedente que mañana puede ser utilizado contra los trabajadores.

El gobierno, con Victoria Donda al frente del Inadi -recientemente ratificada en su puesto después del escándalo que involucró a su empleada doméstica-, carece de autoridad política para pronunciarse al respecto.

Por una salida para los trabajadores

La disputa de camarillas, que pretende ser saldada con el estatuto en la mano, merece la atención de todos los trabajadores en general y de los rurales en particular.

La Uatre está integrada al Estado y desde ese lugar se caracteriza por una defensa férrea de los intereses patronales. En 2008 movilizó con las patronales del campo (un sector que la levanta en pala) en contra de las retenciones, mientras la inmensa mayoría de los trabajadores está en negro, con salarios de pobreza, se mantiene un régimen de semiesclavitud en muchos lugares de trabajo, se propala el trabajo infantil.

Ayer alineados bajo el macrismo desde el sindicato, las 62 y el Partido Fe. Hoy incorporándose al oficialismo que viene de otorgar todo tipo de beneficios impositivos a las patronales del campo.

Todas variantes de integración al Estado en el marco de una crisis histórica del capital. La independencia política de los trabajadores es imprescindible para llevar adelante una lucha consecuente por la defensa de nuestros intereses inmediatos e históricos.

Los trabajadores rurales de Villa Regina marcan un camino. Recuperar las organizaciones obreras para los trabajadores es una tarea estratégica. Impulsemos el debate.